Una frase muy popular, adecuada a la coyuntura política actual, dice: “nunca esperamos nada de ustedes, y aún así siempre logran decepcionarnos”. La modificación realizada al reglamento del Congreso por la aplanadora cartista y sus aliados, al solo efecto de permitir la reelección de Basilio “Bachi” Núñez como presidente de la Cámara de Senadores hasta el 2028, solo demuestra que la perpetuidad en el poder es una de las mieles a la que más les gusta aspirar.
Este deseo insaciable de quedarse con todo colisiona con cualquier principio democrático, ya que impide la alternancia, el pluralismo, la participación equitativa y solo es equiparable con aquellos que han pasado a lo largo de la historia como dictadores perpetuos, ávidos del copamiento absoluto de poder y enemigos del disenso. En este caso, estamos ante lo que parece una dictadura parlamentaria que con fuerza se va consolidando y, en consecuencia, va desplazando cada vez más al presidente Santiago Peña del poder.
Para que esto pueda consumarse, nuestros glotones parlamentarios necesitaron modificar el reglamento, ya que bien sabemos que para consolidar una dictadura y aniquilar un Estado de derecho, es necesario modificar la normativa vigente, extendiendo plazos de duración del cargo, incorporando la figura de la reelección y concentrando la mayor cantidad de prerrogativas posibles en una sola persona.
Pero esta vieja práctica de adecuar las leyes para garantizar el copamiento del poder y su perpetuidad ya es conocida en la historia del Paraguay, desde José Gaspar Rodríguez de Francia, quien se coronó “dictador perpetuo de la República” hasta su muerte en 1840, pasando por el dictador Alfredo Stroessner que modificó la propia Constitución Nacional para permitir la reelección “a su medida”, el intento fallido de enmienda constitucional de Horacio Cartes que costó la vida al dirigente liberal Rodrigo Quintana en un hecho nunca aclarado por la Justicia, hasta llegar (por el momento) a las sucesivas reelecciones de la mano derecha del cartismo, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.
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Tampoco es una práctica desconocida en el mundo entero, sino todo lo contrario, que los más crueles dictadores de la historia de la humanidad han modificado las leyes vigentes para autoasignarse prerrogativas, poderes perpetuos, mandatos indefinidos, cooptación total del poder o eternos estados de excepción para hacer y deshacer a su antojo, en la mayoría de los casos, por medio de regímenes autoritarios que operan bajo la apariencia de estructuras democráticas.
Es por ello que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 28/21, al tratar sobre la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos, resaltó los principios de la democracia representativa que sustenta no solo la Convención Americana ratificada por Paraguay, sino también la Carta Democrática Interamericana. En ese sentido, este Tribunal destacó que “en una democracia representativa es necesario que el ejercicio del poder se encuentre sometido a reglas, fijadas de antemano y conocidas previamente por todos los ciudadanos, con el fin de evitar la arbitrariedad”.
Este es precisamente el sentido del concepto Estado de derecho. Por lo tanto, las reglas de acceso al ejercicio del poder no pueden ser modificadas sin ningún límite por quienes temporalmente se encuentren ejerciendo el poder político. “La identificación de la soberanía popular con la mayoría expresada en las urnas es insuficiente para atribuir a un régimen el carácter democrático, el cual se justifica realmente en el respeto de las minorías y la institucionalización del ejercicio del poder político, el cual está sujeto a límites jurídicos y sometido a un conjunto de controles”.
Pero el Congreso paraguayo se ha ocupado en demostrar exactamente lo contrario. Su actuar antidemocrático, modificando reglamentos “a gusto y paladar” para adecuar los procesos de “pérdida de investidura” al antojo del “mandamás” o para permitir reelecciones indefinidas de los “incondicionales”, solo dan a entender que el Estado de derecho constituye simples letras en un papel. La realidad nos muestra que estamos al borde de un gobierno autoritario con ropaje democrático, pero a diferencia de las dictaduras de todos los tiempos en la historia de la humanidad, esta vez no es precisamente el Presidente quien detenta el poder, ya que con estas cofradías parlamentarias, Santiago Peña es cada día un poco menos presidente del Paraguay.