Para empezar, ¿por qué “después de 2027”? La alusión se refiere al acuerdo tarifario que firmó el actual Gobierno en mayo de 2024, pero ello nada tiene que ver con la libre disponibilidad de la energía, a no ser que hubiera un pacto tácito negociado bajo la mesa a espaldas de la ciudadanía. Tristemente, todo parece indicar que es exactamente así, ya que desde entonces la administración de Santiago Peña ha obtenido un dinero de Itaipú en forma de “fondos socioambientales” para gastar discrecionalmente, derrochar en “pupitres chinos” y favorecer a amigos y a financistas de campaña, pero la renegociación del Anexo C y del Tratado para la plena restitución de los derechos nacionales no ha avanzado ni un centímetro.
Al margen de ello, en ninguna parte del Tratado ni de sus anexos se le prohíbe formalmente al Paraguay disponer y vender su energía a terceros. El tan aludido artículo II.5 del Anexo C textualmente instituye: “Cuando una entidad decide no utilizar parte de la potencia contratada o parte de la energía que a esta le corresponde, dentro del límite fijado, podrá autorizar a Itaipú ceder a las otras entidades la parte que así se hiciera disponible, tanto de potencia como de energía” (“entidad” es la denominación establecida para referirse a las respectivas compañías eléctricas).
En este artículo se sustenta la famosa figura de la cesión de energía, en virtud de la cual hasta el día de hoy Paraguay le cede todos sus excedentes al Brasil a cambio de una ínfima “compensación”. Pero, por un lado, “podrá autorizar” no indica obligación, y, por el otro, nada impide al Paraguay contratar toda la potencia que quiera dentro de su 50% y hacer con ella lo que le parezca.
Si alguna duda quedara sobre una correcta y objetiva interpretación, el ingeniero Javier Villate acaba de hacer públicos los resultados de un interesante ejercicio. Les hizo una serie de iguales consultas a varias plataformas de inteligencia artificial (Gemini, Grok, DeepSeek, ChatGPT, Copilot, Claude, Perplexity y Cicerai) para que analizaran las respuestas conforme a toda la legislación vigente, y las conclusiones fueron unánimes: 1) Paraguay NO está obligado a ceder su energía al precio de compensación del Anexo C; 2) Paraguay SÍ puede vender mediante subastas internas, respetando el derecho de adquisición (dar la posibilidad al Brasil de igualar la mejor oferta); 3) El comercializador ganador SÍ puede vender a terceros países una vez agotado el derecho brasileño.
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Es cierto que también rigen unas “trampitas”, como el requisito de comunicar con antelación las previsiones de contratación de potencia conforme a un cronograma previamente acordado, pero son obstáculos, no prohibiciones. En todo caso, Brasil puede poner impedimentos para que Paraguay comercialice por sí mismo en su mercado, pero legalmente no puede impedir que disponga de su energía y la venda a terceros. La vieja (y falaz) excusa de que “Brasil financió” la construcción de la hidroeléctrica dejó hace rato de existir, ya que la última cuota de la exorbitante deuda se pagó en febrero de 2023, mientras que el 13 de agosto del mismo año, en coincidencia con la toma de poder de Santiago Peña, venció el plazo de revisión del Anexo C.
Incluso sin ninguna renegociación, el Paraguay, dueño del 50% de la potencia y la generación de Itaipú, tiene toda la potestad soberana de vender su energía a quien mejor le convenga, antes y después de 2027. Solo se requiere un Gobierno firme y patriota que así lo resuelva, sin pedirle permiso a nadie.