Cargando...
Los referentes de 21 organizaciones sociales expresaron su repudio a la referida ley durante una audiencia pública celebrada en la Sala Bicameral, ayer en horas de la mañana.
El evento fue convocado por la diputada independiente Olga Ferreira, titular de la Comisión de Derechos Humanos, quien pidió disculpas a los presentes por haber votado a favor de la legislación meses atrás y prometió que impulsará su derogación. Así también fustigó a las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), ya que ante el colapso de la atención a la salud y la falta de medicamentos, impulsan el uso discrecional de los fondos jubilatorios en lugar de luchar contra la corrupción interna. “No se puede tocar los fondos, esto perjudica a la gente trabajadora”, manifestó Ferreira. Otros diputados presentes fueron Ramón Duarte (Frente Guasu) y José Ledesma (PLRA).
Desmienten peligro
El doctor Pedro Halley, asesor y vocero del presidente del IPS, Benigno López, admitió que la Ley 5655/16 fue sancionada en el Congreso y promulgada por el Ejecutivo en forma rápida y sin hacerse las audiencias y consultas debidas.
No obstante, Halley enumeró una serie de puntos a favor de la legislación, entre ellos que el Estado planificará el pago de su histórica deuda con el IPS. Destacó también que se penalizó la evasión del aporte obrero-patronal y aseguró que los fondos previsionales solo se usarán para construir más hospitales y no para pagar “obras de gobierno”. En ese sentido, se expresó también el Dr. José Mayans, quien también es asesor del IPS.
Jubilaciones en riesgo
Por otro lado, desde los sectores contrarios a la ley, numerosos oradores advertían que la intención del gobierno de turno es usar los fondos previsionales para obras ajenas al IPS.
Los gremialistas incluso proyectaron una entrevista televisiva realizada al ministro de Hacienda, Santiago Peña, en que admitía que el gobierno de Horacio Cartes quiere hacer inversiones “a largo plazo” con este dinero.
Rubén Lisboa, abogado del Frente Sindical y Social, sector en contra de la ley, sostuvo que la legislación en realidad es inaplicable y que no puede endurecer las penas a las empresas que no aportan el seguro. Otros voceros de este sector fueron Néstor Núñez, por los asegurados del IPS, y Juan Orué, por el Frente Sindical.