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La Contraloría General de la República (CGR) remitió a la Fiscalía Anticorrupción un reporte de hallazgo de indicios de hechos punibles en la Municipalidad de Iruña, tras una auditoría a los ejercicios fiscales 2021 y 2022.
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En su reporte la CGR comunicó que la Municipalidad efectuó en 2021 cuatro transferencias por un valor global de G. 103.200.000 al “Consejo de Desarrollo Distrital Iruña”, presidido por Leda Mabel Lorenz Morán quien resultó ser funcionaria de la propia institución municipal.
Los auditores recalcaron que el artículo 278 de la Ley Orgánica Municipal prohíbe a las autoridades distritales y a funcionarios celebrar contrato con la Municipalidad donde presten servicios. Ante esta situación, la Contraloría considera que existiría un daño patrimonial de G. 103.200.000.
La CGR igualmente informó al Ministerio Público irregularidades en la provisión del almuerzo escolar en 2022. Este servicio estaba a cargo de la firma unipersonal Fasv Import Export, de la seccionalera cartista María de Fátima Sartorio Vanni. Esta proveedora está involucrada en numerosos casos denunciados por la Contraloría.
Según la observación de los técnicos, la Municipalidad no remitió contratos con las cocineras ni otros documentos requeridos sobre el personal involucrado en la entrega de la alimentación escolar.
Versión de denunciados
El exintendente Justo Gamarra (ANR) en su descargo dijo que por instrucciones de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) se resolvió que la funcionaria municipal presida el consejo de desarrollo y dijo que entregó el manual de STP a los auditores.
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Por su parte, el intendente Arnaldo Mensch (PPQ) dijo que la firma Fasv presentó todas documentaciones solicitadas y que las cocineras fueron contratadas temporalmente teniendo en cuenta que la provisión fue por tres meses.