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El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú fijó para hoy el inicio de audiencia preliminar para estudiar la acusación presentada en el caso Metrobús, donde están acusados por supuesta lesión de confianza el extitular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra Marta Benítez Morínigo.
Sin embargo, a pedido de los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grissetti y Natalia Silva -que pidieron acceder a copias de CD’S cuya copia se hará este jueves- el magistrado se vio obligado a postergar la diligencia por quinta vez. La defensa de ambos acusados está a cargo de los abogados Alcides Cáceres y Tarek Tuma.
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Las chicanas que aplazaron la audiencia preliminar
La primera convocatoria fue el 7 de mayo de 2024, oportunidad en que la audiencia se postergó a pedido de la defensa, que alegó la existencia de un recurso pendiente en la Corte Suprema de Justicia.
La segunda fecha fijada por el juzgado fue el 23 de julio, nuevamente suspendida a causa de chicanas de la defensa.
En ocasión de la tercera convocatoria, fijada para el 27 de agosto, la defensa de Jiménez Gaona recusó al magistrado, lograron así aplazar de nuevo la diligencia.
La cuarta cita fue para el 8 de octubre, oportunidad en que la entonces fiscala a cargo del caso María Estefanía González solicitó postegar la diligencia, pues tenía que jurar como fiscala adjunta.
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La acusación en el caso del fallido Metrobús
Recordemos que la fiscala María Estefanía González presentó la acusación por presunta lesión de confianza el 11 de abril de 2024 en contra del extitular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), Ramón Jiménez Gaona; su exviceministra de Finanzas y ministra sustituta Marta Regina Benítez Morínigo, y el encargado del proyecto metrobús, Guillermo Alcides Alcaraz, quien falleció el año pasado.
Según la acusación, bajo la administración de Jiménez Gaona (2013-2018), el MOPC desembolsó dinero público por obras que no cumplieron con las especificaciones técnicas y no sirven para la finalidad del “Programa, modernización del transporte público metropolitano y oficinas de Gobierno” (Metrobús).
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La fiscala señala en el escrito acusatorio que Jiménez Gaona, en función de ministro de MOPC, en el periodo del año 2013 al 2018, dentro del marco del proyecto metrobús, no protegió el interés patrimonial del Estado, de cuya consecuencia se generó el pago de 29 certificaciones por un valor de US$ 29 millones, De este monto solo se realizaron obras por valor de US$ 4 millones. El resto se pagó por una obra inconclusa.
Según la acusación fiscal, el daño patrimonial que fue ocasionado al Estado paraguayo es de G. 180.030.528.699.
