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La acusación por presunta lesión de confianza en la fallida obra del metrobús, en contra de Ramón Jiménez Gaona, ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y de Martha Benítez Morínigo, ex viceministra de Administración y Finanzas del ente estatal; fue ratificada por los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grissetti.
Posteriormente las defensas plantearon al juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú los incidentes de nulidad de la acusación fiscal, por falta de indagatoria previa y falta de otros requisitos formales; prescripción de la causa y, en consecuencia, el sobreseimiento definitivo de los encausados.
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“Nos hemos ratificado en la acusación presentada en su oportunidad por la agente María Estefanía González y luego contestamos los incidentes planteados por las defensas de los acusados, solicitando al juzgado en rechazo de todas ellas”, expresó la agente Nathalia Silva luego de la primera jornada de audiencia preliminar, concretada luego de cinco suspensiones.
La diligencia continuará este jueves 6 de marzo, a las 8:30, con la contestación por parte del Ministerio Público de otros incidentes presentados por la defensa; y posteriormente el juez de Garantías Humberto Otazú analizará si remite la causa a juicio oral y público, como solicita el Ministerio Público.
Acusación en el caso del fallido metrobús
La fiscala María Estefanía González (actualmente fiscal adjunta) había presentado la acusación por presunta lesión de confianza el 11 de abril de 2024 en contra del extitular del MOPC del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), Ramón Jiménez Gaona; su exviceministra de Finanzas y ministra sustituta Marta Regina Benítez Morínigo, y el encargado del proyecto metrobús, Guillermo Alcides Alcaraz, quien falleció el año pasado.
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Según la teoría del Ministerio Público, bajo la administración de Jiménez Gaona (2013-2018), el MOPC desembolsó dinero público por obras que no cumplieron con las especificaciones técnicas y no sirven para la finalidad del “Programa, modernización del transporte público metropolitano y oficinas de Gobierno” (Metrobús).
La fiscalía señala en el escrito acusatorio que Jiménez Gaona, en función de ministro de MOPC, en el periodo del año 2013 al 2018, dentro del marco del proyecto metrobús, no protegió el interés patrimonial del Estado, de cuya consecuencia se generó el pago de 29 certificaciones por un valor de US$ 29 millones. De este monto solo se realizaron obras por valor de US$ 4 millones. El resto se pagó por una obra inconclusa.
Según la acusación fiscal, el daño patrimonial que fue ocasionado al Estado paraguayo, con la fallida obra del metrobús, asciende a la suma de G. 180.030.528.699, equivalentes a unos US$ 23.000.000.
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Defensa alega pagos documentados y aprobados por BID
Desde la defensa de los acusados señalaron, a través de un escrito que, “el proyecto metrobús es transversal a varios gobiernos desde su origen en 1998 y su cancelación en febrero del 2020. Su inicio y ejecución de obras se da en el gobierno de Horacio Cartes, por mandato del Congreso Nacional”.
En otro apartado indicaron que “la imputación fiscal por lesión de confianza [...] obedece a motivaciones y revanchismos políticos, teniendo en cuenta que todos los pagos realizados durante su gestión están documentados y fueron aprobados por un consorcio internacional de empresas fiscalizadoras integrada por las empresas Typsa-Incosa-Ingeneg”.
Añadieron que, dichos pagos “tuvieron el consentimiento y conformidad (No Objeción) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien era el dueño del dinero”.
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Así también expresaron que “se estima que el peritaje realizado por la Fiscalía General, y entregado recién después de la imputación, también coincida con los demás peritajes existentes. No existen fundamentos para sostener el supuesto delito de lesión de confianza y menos el de daño patrimonial”.
