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Uno de los hallazgos del informe, que cuenta con un total de 32 observaciones, es que la administración del intendente Magín Benítez adjudicó contratos por un total de G. 3.760 millones con recursos provenientes de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) sin publicar los llamados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Esta omisión constituye una violación de la Ley N° 2.051 de Contrataciones Públicas, que exige la transparencia en todos los procesos licitatorios.
Según el informe, la única licitación publicada en el año 2022 fue la correspondiente al almuerzo escolar, mientras que el resto de los contratos quedaron fuera del acceso público. En su descargo, que consta en el informe, el intendente Benítez sostuvo que todas las adjudicaciones se realizaron conforme a la reglamentación vigente, aunque reconoció la falta de publicidad en los llamados. Sin embargo, la Contraloría insistió en que esta práctica atenta contra los principios de transparencia y competencia en la administración pública.
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Ante estas observaciones, la CGR recomendó a la municipalidad reforzar sus mecanismos de control interno y garantizar la difusión de todas las licitaciones en el portal correspondiente. Además, sugirió llevar a cabo una investigación interna para determinar responsabilidades y, de ser necesario, aplicar sanciones a los funcionarios implicados.
Otra irregularidad detectada en el informe es la transferencia de G. 397 millones a entidades educativas y sin fines de lucro, sin la correspondiente rendición de cuentas. De acuerdo con la CGR, estos montos fueron desembolsados sin el debido control administrativo, omitiendo requisitos esenciales como presupuestos mínimos, planillas de comparación de ofertas y formularios de verificación exigidos por la normativa vigente.
El intendente Benítez argumentó que la rendición de cuentas es responsabilidad de los beneficiarios de los fondos y no de la administración municipal. No obstante, la Contraloría enfatizó que es deber de la municipalidad supervisar el destino y uso de estos recursos antes de aprobar nuevas transferencias.
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Como medida correctiva, el organismo de control instó a la municipalidad a exigir a los beneficiarios la presentación de informes detallados, con la firma de un contador y el sello de recepción de la CGR, para garantizar que los fondos sean utilizados conforme a la ley.
El informe también señala que la municipalidad debe mejorar sus procedimientos administrativos para evitar desvíos y mal uso de los recursos públicos. Las irregularidades detectadas abarcan el manejo de recursos provenientes de fondos propios, royalties, Fonacide y compensaciones.
Además, la CGR recomendó la implementación de sistemas de auditoría más estrictos para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes. En este sentido, instó a las autoridades municipales a adoptar medidas inmediatas para corregir las deficiencias identificadas y garantizar que los recursos sean utilizados en beneficio de la comunidad.