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La Contraloría General de la República (CGR) elaboró un informe luego de visitar 300 instituciones educativas de todo el país, para verificar la provisión de almuerzo escolar del programa Hambre Cero. El documento fue remitido el viernes al Congreso Nacional, a pedido de la Cámara de Diputados.
Durante la fiscalización, la entidad contralora encontró graves irregularidades cometidas por las proveedoras, adjudicadas por millones de dólares para encargarse de este servicio. Se estima que hasta el 2027, el Gobierno invertirá más de US$ 1.000 millones en este proyecto de alimentación.
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La falta más grave revelada en el reporte, apunta a la provisión incompleta de alimentos, que dejó a niños sin la comida principal del día durante varias jornadas, como ocurrió en el distrito de Lima, departamento de San Pedro, en la Escuela Básica 2.639 Carumbey 2. No obstante, problemas similares se detectaron en 13 instituciones educativas de este departamento.
En el caso de la ciudad de Lima, la proveedora es Ladero Paraguayo S.A. Otras empresas contratadas por la Gobernación de San Pedro son, Grupo Belmac, de Carlos Atilio Carlson Capli, María Mabel Carlson Capli y Rosa Mabel Capli de Carlson; Edgar Daniel Núñez; Granos y Aceites Sociedad Anónima y Rodolfo Méndez González.
Hambre Cero: las irregularidades que encontró la CGR en Asunción y Central
Los más de 200 niños matriculados en la Escuela Básica N° 660 San Francisco y San Blas de Zeballos Cué, en Asunción, están autorizados para recibir el almuerzo escolar del programa Hambre Cero. La institución educativa fue visitada por la CGR entre noviembre del 2024 y marzo del 2025 y forma parte de su informe remitido al Congreso.
La falta de raciones fue una de las irregularidades encontradas en la escuela, que cuenta con una población de escasos recursos, proveniente de familias de pescadores. Se visualizó igualmente falta de documentaciones clave y deficiencias operativas, como registros incompletos.
La directora de la institución, Alba Duré, expresó a ABC que actualmente no tienen faltante de raciones, pero sí cuentan con un comedor muy reducido, por lo que algunos alumnos comen en el aula.
En la Escuela Básica N° 6038 Caacupemí de Fe y Alegría, de gestión privada subvencionada, no se detectó falta de raciones en la investigación de la Contraloría. No obstante, hallaron raciones que no fueron registradas, además de deficiencias en el comedor.
Más irregularidades en escuelas de Asunción y Central
En 33 de las 57 instituciones educativas visitadas en Asunción y Central, la Contraloría encontró problemas como la cantidad insuficiente en la provisión de insumos, faltantes de raciones, calidad, entrega irregular o incumplimiento del menú.
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“Se observaron inconsistencias en la cantidad de raciones entregadas en comparación a la cantidad de alumnos habilitados en el Registro Único del Estudiante (RUE) en algunas instituciones. También se reportaron casos de retrasos en la entrega o falta de cobertura total”, señala el documento.
En lo que respecta a la calidad, una de las quejas tiene que ver con la provisión de ensalada. “Los niños sobre todo más pequeños tienen dificultad para comer la ensalada porque viene demasiado fría, mucho ya solicitamos, pero no conseguimos cambiar eso”, manifestó Sonia Gauto, directora de la Escuela Básica N° 660 San Felipe, de la zona de la Chacarita de la capital.
En Asunción y Central, así como en Presidente Hayes, Hambre Cero es administrado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a cargo del ministro Tadeo Rojas, quien es además tesorero del Partido Colorado. En el resto del país, la administración corre por parte de las Gobernaciones.
Las empresas adjudicadas en la capital y en Central
La proveedora adjudicada por el MDS para Hambre Cero en Asunción y en algunas zonas de Central es la empresa Comepar. La firma privada ya cuenta con varios reclamos que tienen que ver con la calidad y la cantidad de almuerzos escolares, servidos en menos de dos meses del inicio de clases.
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Comepar tiene un contrato de G. 2 billones (US$ 250 millones) hasta el 2027 para la provisión del servicio. Sus representantes legales son Javier Antolín Genez y Yane Wanzeller.
El primer reclamo fue el “kure caldo” servido supuestamente en la escuela San Jorge de Mariano Roque Alonso, que oficialmente fue un picadito de carne de cerdo con papas. Luego de las quejas, el MDS decidió extraer el plato temporalmente del menú.
Luego, en el Colegio Nacional Asunción Escalada (CNAE) también denunciaron que un picadito de carne de pollo con puré de papas también tenía la consistencia de un caldo. “Servían aguado”, denunciaron los padres. La última denuncia fue en la Escuela Nacional de Comercio N° 2, del centro capitalino, donde los secundarios reclamaron que servían apenas 26 raciones para 136 alumnos matriculados.
Otras proveedoras en Central y la recomendación de Contraloría
Junto a Comepar, se suma en el departamento Central la empresa Consorcio Empresa de Alimentos del Paraguay, cuyos representantes son José Augusto Rodríguez y Teófilo Amarilla Silvero, adjudicados por G. 412.683 millones. Le sigue Granos y Aceites SA, de Enrique Terwindt y Nancy Lucina Godoy Adorno, por G. 84.305 millones.
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Además, están el Grupo Altair S.A., de Alexis Villafañe Britos y Luis Mendoza, contratados por G. 102.487 millones y también Ladero Paraguayo, adjudicada en Central por cerca de G. 100.000 millones.
También LF Latinfood SA, con representación legal de María Isabel Gavilán Rugilo. Fue adjudicada por más de G. 100.000 millones. Igualmente, Más Alimentos, cuya representante es Claudia Kent de Escobar, con G. 61.385 millones. Finalmente, Rosa Mabel Capli, por más de G. 155.743 millones.
Contraloría recomienda sanciones que pueden ir hasta la rescisión del contrato
La Contraloría General, a cargo de Camilo Benítez Aldana, recomienda al Consejo de Alimentación Escolar (Conae) -que administra el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae)-, cuyo presidente es el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, que verifique en cada caso, si basta solo con la aplicación de multas o, en su defecto, si amerita la circunstancia por su gravedad, la aplicación de otras penalizaciones más gravosas, como la rescisión de contratos.
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“Considerando la importancia de todo lo señalado, también deberá determinar si estas situaciones señaladas se enmarcan o no como terminación por incumplimiento, previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, en su apartado causales de terminación del contrato”, apunta la CGR.