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La Contraloría General de la República (CGR), publicó el 11 de abril un informe sobre el funcionamiento del programa Hambre Cero, basado en una auditoría al plan realizada en 350 instituciones educativas de todo el país. La entidad halló graves irregularidades, principalmente en la falta de provisión o la provisión incompleta de alimentos para cocinar el almuerzo escolar.
A raíz de este reporte, el contralor general, Camilo Benítez Aldana, fue convocado esta mañana en el Congreso Nacional, por la Comisión de Control y Cuentas de la Administración Financiera del Estado, de la Cámara de Senadores. Dicha comisión es presidida por el legislador cartista Dionisio Amarilla, quien había sido expulsado del PLRA.
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Esta falta de provisión de alimentos o la distribución incompleta de los mismos, se dio principalmente bajo la modalidad “Cocinando en las escuelas”, en que las proveedoras deben entregar insumos para que las cocineras, generalmente madres de alumnos contratadas por la misma empresa, puedan preparar los platos.
“En el Chaco hemos tenido casos donde se les daba en bolsitas la comida. Eso por ejemplo a nuestro criterio, ya roza la razonabilidad y llega ya a atentar contra una dignidad del ser humano, de un trato digno”, manifestó el contralor Benítez Aldana, sobre uno de los hallazgos en la distribución del almuerzo escolar en las instituciones educativas.
Gobernadores deben multar o rescindir contrato con empresas, afirmó contralor
Ante la comparecencia en el Senado, el contralor también mencionó el “ninguneo” al reporte de los gobernadores y del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, quien es además tesorero del Partido Colorado.
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Benítez apuntó que existen observaciones de menor gravedad y observaciones graves. “Consideramos las observaciones graves, aquellas en las que las empresas tienen una alta probabilidad de no provisión de insumos a las escuelas, y, dicha situación, hizo que niños se hayan quedado sin la ración de comida. Este extremo lo hemos detectado en cuatro gobernaciones y la empresa es casi siempre la misma”, agregó.
“La falta de seguimiento de las recomendaciones levantan alarmas para nosotros, que nos obligan a avanzar en auditorias de mayor rigor. Si es que estas Gobernaciones no toman en cuenta las recomendaciones, que hoy pueden separar la paja del trigo; es decir, el gobernador no es responsable por el incumplimiento de la empresa, por qué la Gobernación tendría problemas de aceptar y multarle a la empresa. Esta es la oportunidad para separar las responsabilidades”, manifestó Benítez.
El contralor agregó que podrían hacer una auditoría financiera en las Gobernaciones. “Evaluar costos, la calidad de la comida; ahí ya poder determinar si existe daño patrimonial del Estado y si existe indicio de comisión de hechos punibles, si es que esto afecta a la nutrición de los niños, si falta provisión o si son insumos de mala calidad”, insistió.
¿Cuál es la “misma empresa” con irregularidades, apuntada por la CGR?
Sin mencionarlo, el contralor Camilo Benítez, indicó que una de las empresas proveedoras de Hambre Cero es la que repite las mismas prácticas irregulares en al menos cuatro gobernaciones.
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Si bien no brindó el nombre de la firma privada durante su presentación, al mirar el informe, el contralor se refirió a la proveedora Ladero S.A., cuyos representantes legales son Cándido Da Silva Báez, Derlis Espínola, Hugo Cáceres Florentín, Luis Jean Pujol Schembori y María Cristina Rivas Jiménez.
La empresa distribuye los alimentos en los departamentos de Paraguarí y San Pedro, dos de las zonas con irregularidades más graves detectadas por la CGR. También tiene contratos adjudicados en Caazapá, Itapúa, parte de Central y Cordillera. Su contrato como distribuidora de alimentos para el plan Hambre Cero supera los G. 426.729 millones (2024 al 2027), siendo la segunda empresa con mayor adjudicación en este proyecto.
Por ejemplo, Ladero Paraguayo es proveedora en el distrito de Lima, en San Pedro, donde se detectó la falta de provisión de alimentos que dejó a niños sin el almuerzo escolar en la Escuela Básica N° 2.639 Carumbey 2.
Contraloría detectó que entregaban alimentos en bolsitas en el Chaco
Entre las graves irregularidades, Benítez mencionó que en el Chaco “les daban la comida en bolsitas”, resaltando el hecho como una cuestión de falta a la dignidad de los niños. Se refirió al caso de la Escuela Básica N° 7031 San Juan Diego, ubicada en el distrito de Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay.
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“El director manifestó que los insumos para la elaboración de almuerzo escolar proveídos, en la mayoría de las veces son fraccionados en bolsitas, lo que dificulta el control de la fecha de envasado y fecha de vencimiento de los productos recepcionados, así como con la calidad con que llegan”, sostiene el reporte de los auditores de la CGR.
Se constató igualmente, la falta de provisión por parte de la empresa proveedora de la balanza de 5 kilos, mobiliario para almacenamiento de los alimentos y para los utensilios, basureros clasificados según su composición (orgánico e inorgánico).
En Alto Paraguay, la distribuidora adjudicada por la Gobernación, a cargo de Arturo Méndez (ANR-cartista), es el Grupo Altair, cuyos representantes legales son Alexis Villafañe Britos y Luis Arnaldo Mendoza Larroza. Fueron adjudicados por G. 46.584 millones en ese departamento.