Ayer fue notificado el senador Erico Galeano (ANR-HC) sobre el juicio oral y público en su contra, a iniciarse el próximo 19 de agosto, a las 08:00, según confirmó su representante legal, el abogado Cristóbal Cáceres.
Esto, luego del rechazo de las recusaciones e impugnaciones que planteó su defensa contra los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, quienes lo acusaron por presunto lavado de dinero y asociación criminal, en el marco del caso “A Ultranza Py”.
El abogado defensor señaló que Galeano se presentará en la fecha del inicio del juicio ante el Tribunal de Sentencia, pese a que deberá litigar contra fiscales que “no son objetivos y que tienen un interés personal en la causa”.
“La preocupación principal del senador es la de litigar con unos fiscales que, durante la etapa investigativa y en el momento de la presentación de la acusación, han soslayado y pisoteado normas procesales que le obligan a actuar con objetividad, no solamente en cuanto a las pruebas y que van a ser debatidas, también aquellas que dejaron de ofrecer, lo cual demuestra que estos fiscales tienen un interés personal en esta cuestión”, mencionó.
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Fiscales deberían apartarse
Cáceres insistió en que estos fiscales no deberían estar al frente del proceso y destacó que, en cambio, su cliente “ha demostrado siempre voluntad y el sometimiento” ante la Justicia y el Ministerio Público.
“La preocupación que se tiene es con respecto a la manera en que estos fiscales vienen litigando: vienen manipulando el proceso y es una preocupación que cualquier ciudadano puede tener. Creo que las peticiones de mi cliente son basadas en recursos que la ley le da y pienso que vamos a agotar las instancias para tener un juicio justo”, destacó.
Asimismo, aseveró que cometieron irregularidades, como recurrir a pruebas de otras causas, cuando se percataron, al momento de presentar la acusación formal, de la “orfandad probatoria”.
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Acusación contra Erico Galeano
Según la acusación de la Fiscalía, el cartista consiguió beneficios económicos a sabiendas de que provenían de la organización liderada por el capturado Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano y el prófugo Sebastián Marset Cabrera.
También lo acusan de haber permitido a “Tío Rico” introducir al sistema financiero legal sus activos, con la compra de un bien inmueble en el condominio “Aqua Village”, del distrito de Altos.