La expansión del sector privado está chocando con los límites de la infraestructura pública, pero en esta brecha también se encuentra una oportunidad estratégica para el desarrollo de ambos sectores.
Hace 25 años, Paraguay era un país con una economía marcada por el estancamiento estructural, dependiente casi exclusivamente del mercado agroexportador, con una industria incipiente y, sobre todo, un aparato fiscal desorganizado y con baja capacidad de recaudación. Esto contrasta con la economía nacional de hoy: años de crecimiento constante, políticas fiscales y monetarias estables y un clima de inversión cada vez más atractivo, tanto para actores locales como extranjeros.
Sin embargo, comienzan a evidenciarse síntomas de un mal estructural: el desarrollo de iniciativas privadas avanza a un ritmo muy superior al del sector público. Así, observamos edificios corporativos en zonas premium de la capital que no cuentan con desagües pluviales ni veredas adecuadas, o industrias que deben financiar servicios básicos que, en teoría, debería proveer el Estado.
Veinticinco años atrás fue clave la identificación de un problema y su gestión: el sector privado y el Estado acordaron bajar impuestos pero pagar más, se transparentaron las contrataciones y se saneó la deuda pública. El resultado, con todos sus matices, sigue siendo envidiable en la región. Pero el éxito puede ser un arma de doble filo: la complacencia. Vale preguntarse cuál es el problema estructural que hoy debemos identificar y resolver.
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En esta nueva etapa, Paraguay enfrenta el desafío de pasar de ser un país predominantemente rural a uno industrial y de servicios. Con una población joven, energía abundante, agua accesible y una de las cargas impositivas más bajas de la región, el país reúne condiciones excepcionales para acompañar esta transformación con nueva infraestructura.
Los sectores de la construcción e inmobiliario fueron grandes beneficiarios de este contexto. Las inversiones públicas en infraestructura —largamente postergadas— fortalecieron la capacidad técnica del MOPC y de las empresas constructoras locales, impulsando tecnología, innovación y know how. Al mismo tiempo, la migración del campo a la ciudad generó demanda de viviendas, edificios, oficinas y hoteles.
No obstante, el Estado paraguayo alcanzó un nivel de deuda cercano al 40% del PIB, lo que exige una vigilancia prudente. Para cumplir con su meta de déficit fiscal de -1,5%, se han recortado partidas clave del Presupuesto General, limitando la capacidad de inversión pública. Subir impuestos o aumentar deuda no son opciones viables, por lo que este aparente obstáculo puede transformarse en una oportunidad.
El sector privado, ante la falta de acompañamiento estatal, tiene la posibilidad de liderar la nueva etapa mediante innovación, eficiencia y gestión. Las modalidades de Asociación Público-Privada (Ley APP) ofrecen un camino para atraer inversión extranjera y ejecutar obras con el dinamismo del sector privado: rutas, puertos, ferrocarriles, aeropuertos y centros logísticos son necesidades impostergables.
A menor escala, continuará la tendencia de proyectos que integran su propia infraestructura de servicios, tanto en complejos residenciales como en parques industriales. Si los gremios del sector logran articularse con las autoridades locales, podrán impulsar esquemas donde la inversión privada asuma parte de las obras públicas —desagües, pavimentos, redes eléctricas— a cambio de incentivos o beneficios fiscales.
Paraguay se encuentra nuevamente ante un punto de inflexión. La coordinación entre el Estado y la iniciativa privada definirá si la infraestructura será un límite o el motor del desarrollo. Profesionalización, acuerdos previsibles y visión compartida son las claves para construir el próximo salto de crecimiento nacional.
*Arquitecto y fundador del Grupo Bonini S.A.