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No siempre en favor, así como también hay reclamos de todos los colores, pero la opinión pública tiene un poder valioso en nuestro sistema democrático representativo, aunque ciertos personajes se nieguen a reconocerlo.
Las grandes reculadas que caracterizan al actual Gobierno Nacional son una prueba empírica de ello. No obstante, los vestigios de prácticas dictatoriales de control sobre los reclamos han dejado huellas profundas en cómo percibimos la protesta social.
Este flagelo lo sufrimos doblemente quienes no tuvimos la oportunidad de ser parte de las grandes urbes de nuestro país, porque, aparte de ser del interior, estamos quienes somos del interior del interior.
Andamos con “cuidadito”, porque esa frase representa la realidad de todos aquellos oprimidos que no pueden reclamar, no solo por temor, sino porque el poder en nuestro país es ejercido de manera desmedida por las autoridades y el crimen organizado. La enfermera en la USF, el docente en las escuelas y el poblador común en las rutas del interior son testigos de grandes carencias en silencio, porque andan con “cuidadito”.
Para dar un ejemplo: un reclamo justo realizado por pobladores de Coronel Bogado, la mayoría con recursos y movilidad propia, no generó el mismo resultado que la protesta de un docente mbya guaraní del distrito de Alto Verá.
La comparación no es justa, pero valga la redundancia, es justamente esa injusticia primaria de la que quiero partir. ¿Por qué hay “reclamos atendibles” y “reclamos olvidables”?
Primero, con la salvedad de que ningún reclamo es inválido en su propio contexto, la capacidad de reacción ante la presión e intentos de represión por parte del Estado y fuerzas aliadas es la que marca el terreno hasta donde se puede llegar. Quizá no es quien grita más fuerte o quien junta más gente, sino cuánto es la capacidad de aguantar esa pelea.
Un docente de la parcialidad mbya guaraní en el distrito de Alto Verá no anduvo con “cuidadito”. Denunció las carencias del sistema educativo, las obras inconclusas y la falta de asistencia a las comunidades. Fue acallado por actores vinculados al poder de turno y al crimen organizado. Lo sumariaron por reclamar y fue obligado a renunciar. Lo amenazaron, quemaron su moto con la que llevaba el almuerzo escolar a sus alumnos, para posteriormente acorralarlo hasta que tuvo que huir a una comunidad de nativos escondida dentro de la Reserva San Rafael.
Un reclamo justo terminó coartando su carrera como docente. A quien tiene poco, le quitás el trabajo y se queda sin nada. La segunda injusticia es esta: la incapacidad de reacción ante la represión de los más vulnerables.
El Estado paraguayo es responsable, por acción u omisión, de esta clase de violación extrema de los derechos humanos, que, penosamente, ocurren a diario.
Por último, pero no menos importante, el tercer nivel de injusticia es el acceso al debate público. Quienes tenemos el poder, las herramientas y las oportunidades de mirar otras realidades y exponerlas estamos atrapados en la banalidad porque, al fin y al cabo, la banalidad vende más en un mercado que te exige potasio.
El objetivo de exponer el desnivel desde el que parten todas las necesidades ciudadanas es evidenciar la falta de equidad en la implementación de las políticas públicas. No se puede tratar a todos por igual en un país donde ni siquiera podemos tener las mismas oportunidades.
Quienes continuamos en esa lucha contra lo banal en el planeta de los simios seguiremos siendo cuestionados y satanizados, quizá por el temor de que, en algún momento, logremos que las cosas cambien.
