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El caso exhibe varias caras: el perjuicio para gente decente que quiere vivir tranquila, la esclavitud que genera en alguien el consumo de drogas, empujándolo a robar lo que sea con tal de malvenderlo para financiar su adicción y, lo que creemos que también debe ser atacado con más fuerza: la compra y venta de lo robado con total impunidad. En síntesis, un poliedro de miseria al que también se debe atacar desde el ángulo de quienes financian estos hurtos, convirtiéndose en reducidores de lo robado.
Decíamos que con bastante frecuencia solemos ser testigos o víctimas de este tipo de casos, con lo que la inferencia es simple: si algo se roba es porque alguien lo compra. O cómo se explica que se sigan hurtando medidores que claramente pertenecen a la ESSAP y que deberían ser rechazados y denunciados por aquellos a quienes es ofrecida la mercadería.
“El tango se baila entre dos, está el vendedor y está el comprador” nos decía en la 730AM esta semana el comisario Juan Agüero, jefe de policía de Asunción, al hacer referencia también a las cada vez más frecuentes denuncias de conductores sobre los hurtos de accesorios de vehículos estacionados en el centro de Asunción. Hurtos que según la propia policía muchas veces se hacen sobre pedido, y a los que creemos que debe responderse con trabajos de inteligencia policial que lleven a los verdaderos financistas de estos delitos para que respondan ante la ley.
Claro, eso siempre y cuando no exista complicidad de quienes deshonran la obligación que tienen de trabajar por la seguridad de las personas. El código penal establece para la reducción de objetos robados un marco de condena posible de hasta cinco años de cárcel o multa, que incluso puede elevarse hasta diez años cuando el reducidor actúa con fines comerciales o como miembro de una banda formada para la realización contínua de hurtos, robos o reducciones.
La ley está, pero además esta es una batalla que también debe darse en otros frentes. Solo basta recordar la normalidad con la que se compraban y vendían autos “mau” robados principalmente en Brasil, o la osadía con la que se ofrecen en las redes sociales teléfonos celulares por un precio muy inferior a su valor de mercado.
Comprar uno de estos artículos por un precio mucho más bajo que el que tiene en el mercado no puede hacerse bajo la figura de la “buena fe”, más aún si tampoco se exige algún tipo de documentación para avalar la compra. Celulares, autopartes, cables, accesorios de vehículos, medidores de luz y agua, tapas de alcantarillado, todo esto forma parte de la crónica periodística habitual de las noticias policiales.
Asistimos a los noticieros de televisión que nos muestran a rateros entrando a robar a las casas para llevarse juegos de jardín, máquinas, ropas, calzados, bicicletas, motos, y hasta casos más exóticos como el de uno de ellos transportando sobre sus espaldas un enorme portón. Si se roba de todo, es porque se compra de todo, porque existen cómplices de estos robos que diariamente generan víctimas y perjuicios materiales, y en los casos más graves hasta muertes.
Debería ser uno de los temas centrales en materia de política de seguridad ciudadana, el combate implacable al delito de la reducción, como parte de una gran campaña nacional para entender que quienes compran estas mercaderías son cómplices de robos, asaltos e incluso asesinatos que se causan con la intención de despojar a alguien de lo que legítimamente le pertenece.
