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La misma Corte resolvió también ese 7 de febrero solicitar a la Contraloría General de la República que realice un análisis sobre correspondencia de bienes de la magistrada, además de suspenderla preventivamente como jueza, sin goce de sueldo; y ordenar a la dirección general de auditoría de gestión jurisdiccional que realice una auditoría de gestión sobre los expedientes en los que intervino la jueza Silva de forma conjunta con su colega Ana Aguirre.
Ambas formaron parte del tribunal de sentencia, que había absuelto a Waldemar Pereira Ribas, alias Cachorrão, como supuesto responsable del homicidio del comunicador Leo Veras, asesinado en el 2020 en Amambay.
Unos meses más tarde la jueza Silva pidió ayuda a Lalo Gomes para levantar la suspensión de su colega Aguirre, procesada por el jurado de magistrados, para ello anticipó a Gomes que absolvería a Anderson Ríos Vilhalva, detenido en el Operativo Alba, por quien Gomes ya venía haciendo gestiones. “…Hoy ya iniciamos el juicio de Anderson en una de las causas (…) Le vamos a absolver. Necesito que le ayudes a la jueza Ana Aguirre para que esté conmigo en la otra causa. Necesito Lic. que no se le suspenda en su función a la jueza porque yo tengo con ella 2 votos para cualquier juicio…” le escribió la jueza Silva, a lo que Gomes respondió que le pase la causa y la carátula para hablar con Jorge Bogarín, miembro del Jurado, y ayudar a la jueza Aguirre, quien finalmente fue absuelta.
La misma jueza Silva, en chats posteriores le pidió ayuda a Gomes para ser nombrada como Jueza de Garantías, Gomes le dijo que iba a operar para eso para tener a su gente en el Poder Judicial, a lo que la jueza le dijo que podría contar con ella “incondicionalmente”.
Otro caso se dio en noviembre de 2023, cuando Gomes ya era diputado y la jueza Silva le advertía: “Buenas noches mi querido Diputado. Mañana vienen fiscales de Asu para 26 allanamientos para que tengas en cuenta.” Esos 26 allanamientos se iban a realizar dentro de la operación “Pavo Real”, que tenían como objetivo a Jarvis Chimenes Pavão.
Por todos estos groseros casos de complicidad y corrupción judicial, la Corte Suprema de Justicia no tuvo otro camino más que suspender a la jueza Silva y remitir los hechos al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Consciente de la necesidad de cuidar el mensaje que darían al aceptar la renuncia de la juez, el ministro Eugenio Jiménez intentó oponerse, pero luego acompañó la decisión de sus colegas, pidiendo que en la resolución de aceptación de la renuncia queden bien explicados los argumentos de la Corte para aceptar la renuncia sin esperar que terminen el sumario administrativo y el enjuiciamiento por parte del jurado de magistrados.
Ese mismo miércoles hablamos en la 730 AM con el ministro de la Corte Víctor Ríos, quien justificó la aceptación de la renuncia de la jueza argumentando que vivimos en un Estado de derecho y que no se puede obligar a nadie a estar en un lugar en el que ya no quiere estar, además de que si no se aceptaba la renuncia, no se podría designar aún a su reemplazante.
Es sin embargo una acordada de la misma Corte Suprema de Justicia, la 709/11, la que establece en el artículo sexto, inciso p, del reglamento del sistema disciplinario judicial, que la renuncia se hará efectiva a los 15 días de su presentación, SALVO que exista un sumario pendiente de resolución. Ínterin el funcionario está obligado a permanecer en el cargo. Por eso le decíamos al ministro en esa misma entrevista que la decisión de la Corte nos sabía a poco, y que tampoco los miembros de la máxima instancia judicial estaban obligados a aceptar esa renuncia habiendo un sumario administrativo abierto y un enjuiciamiento dispuesto por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Jurado que a propósito está presidido ahora por primera vez por un ministro de la Corte.
Resta ahora ver qué camino tomará la investigación penal abierta sobre este y otros casos; en la vía administrativa queda el sabor de la impunidad, y las conjeturas sobre en cuántas otras causas judiciales ese teléfono se habrá llenado de chats de complicidad y distorsión de la justicia.
