Sin embargo, esa lectura omite un punto fundamental: hoy, con recursos, avances técnicos y capacidades muy superiores a las de hace dos siglos, la inacción de los gobernantes actuales es imperdonable.
Los recursos del Estado y los avances técnicos de la actualidad permiten que situaciones tan básicas como un camino transitable sean resueltas con mínima voluntad política. No se trata de juzgar el pasado, sino de exigir al presente: si hoy tenemos recursos y sabemos cómo hacerlo, la responsabilidad del gobierno de turno es inmediata y no puede diluirse en la historia.
Hace unos años, se popularizó una frase que dice: “los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre que solo evidencia falta de compromiso y de visión”.
Además, la continuidad de estas carencias no es fruto de un accidente, sino de un modelo de gestión que prioriza otros intereses antes que las necesidades básicas de la gente. No hay lugar para excusas cuando se trata de garantizar derechos esenciales: las rutas, los centros de salud y la dignidad de las personas no son promesas electorales, son obligaciones constitucionales que deben cumplirse de inmediato.
Por eso, corresponde señalar con firmeza al gobierno actual: la falta de caminos y servicios básicos en comunidades vulnerables es una deuda que no puede esperar más. Exigirles que respondan ahora no es un acto de nostalgia histórica, sino de justicia para quienes hoy siguen viviendo en condiciones indignas.