Lo hizo para implementar una ley, que fue aprobada y modificada a los pocos días, que unifica los precios de las patentes automotores en todo el territorio nacional.
Con esta resolución en teoría, no puede decirse de otro modo, todas las municipalidades del país deberán cobrar el mismo monto por cada vehículo similar en marca, modelo y año de fabricación.
Decíamos al principio que la agencia emitió recién esta semana la resolución, considerando que en la gran mayoría de las municipalidades del país las habilitaciones deben renovarse antes del 1 de julio, es decir, en 15 días más como máximo, y, siempre en teoría, los municipios ya deben cobrar de ahora en adelante los nuevos valores para este trámite.
La nueva ley había sido impulsada por varios intendentes y sus aliados en el Congreso con la intención de evitar que los contribuyentes de sus municipios sigan “fugándose” hacia otros, por la gran diferencia de precios existente entre cada burocracia municipal.
En muchos casos los contribuyentes no solo migraban, yendo personalmente a pagar la habilitación de sus vehículos a cada ciudad, sino que incluso fueron éstas municipalidades las que instalaron oficinas en territorio ajeno para facilitar aún más la migración.
Las disputas muchas veces fueron públicas, como la intervención que dispuso la administración municipal de Mariano Roque Alonso sobre las oficinas que habían montado en territorio roquealonseño las municipalidades chaqueñas de Teniente Esteban Martínez y General Bruguez.
La intervención se hizo con el argumento de que ambas oficinas no contaban con patente comercial para actividades de recaudación, mientras que desde allí cobraban para expedir las patentes de quien se acercara a sus locales.
Con este único argumento la ley aprobada y vigente en el país también plantea castigar en el bolsillo a aquellos intendentes que sigan cobrando por debajo del monto unificado, ya que fija una multa de un jornal mínimo, poco más de 107 mil guaraníes, por cada habilitación que expidan sin cobrar los nuevos precios establecidos conforme a la ley.
Hasta aquí todo se reduce a una disputa por el dinero de los contribuyentes, pero la cuestión de fondo sigue siendo ignorada con el folclórico ñembotavy.
Habilitar un vehículo significa avalar que está en condiciones técnicas de circular sin poner en riesgo a quienes vayan a bordo de el ni a quienes se crucen en su camino.
La habilitación de los vehículos está definida como una atribución municipal por la propia Constitución y la ley de Tránsito y Seguridad Vial obliga en uno de sus artículos a que todos los vehículos, particulares y estatales, sin excepción alguna, sean sometidos a una revisión técnica periódica, a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva, además de la emisión de contaminantes.
Pero esta obligación legal es hasta aquí una fantasía. En la gran mayoría de los municipios del país cobran un monto por una inspección técnica que no realizan, como lo admitió hace algunas semanas en la 730AM, el director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), Nelson Peralta.
Aunque este tema nunca formó parte del debate de quienes impulsaban la nueva ley y quienes se oponían a ella.
Ficción sobre ruedas. Una película en la que los intendentes se disputan exclusivamente el dinero de los contribuyentes.