Una vieja amenaza dentro de un nuevo capítulo de conflicto entre los empresarios y el gobierno, en el que vuelve a quedar como queso de sándwich el pasajero, aquel que sigue dependiendo de un colectivo, y no puede aún lanzarse al manubrio o volante de algún vehículo propio para escapar de un servicio que le sigue ofreciendo inseguridad e incertidumbre.
Los transportistas alegan que el gobierno les debe más de 9 millones 400 mil dólares por subsidios de los meses de abril y mayo y que además se sigue retrasando la actualización de coeficientes que establecen la tarifa técnica o real del pasaje.
El gobierno, a través del viceministro de Transporte Emiliano Fernández, dice que en realidad la deuda atrasada es de unos 3,8 millones de dólares correspondientes al mes de abril, mientras que lo correspondiente al mes de mayo aún está en plazo de ser pagado.
El funcionario asegura que en la semana que comienza mañana regularizarán lo concerniente a abril, pero también estima que los transportistas están presionando para que la actualización de la tarifa técnica arroje cerca de un 30 por ciento de ajuste, lo que representaría un mayor monto a ser desembolsado en concepto de subsidios.
Como fuere, en este ya urticante conficto que aparece recurrentemente entre los empresarios y el gobierno, quien sale perdiendo es el pasajero, uno de los eslabones más débiles del universo del sistema de transporte que se activa diariamente en el país.
El transporte público es uno de los componentes que sirve para medir la calidad de vida, es un servicio que debe ser ofrecido de manera segura y previsible, y es fundamental, entre otras cosas para colaborar a agilizar la circulación y ayudar a reducir embotellamientos que cuestan tiempo, dinero y salud mental.
Pocas cosas deben generar tanto consenso en la opinión ciudadana como la valoración acerca del sistema de transporte público que rige en el país.
Mientras se siguen esperando medidas concretas que mejoren el servicio, como la renovación de la flota, la concesión de itinerarios que no se superpongan y el respeto a las frecuencias con las que deben ofrecerse los viajes, la discusión que aparece nuevamente como tema dominante es sobre el desembolso de subsidios que forman parte de un plan que no tiene plazo definido y que además está limitado exclusivamente al área metropolitana y únicamente para las empresas que son concesionarias del Viceministerio de Transporte.
Y para esto tampoco hay una política totalmente definida, como lo reconocía el viernes en la 730AM el viceministro de Transporte, cuando aseguraba que el subsidio al transporte debe continuar, pero que su nivel de implementación está sujeto a revisión y discusión.
Hasta aquí, el subsidio sirvió para suavizar el impacto directo al bolsillo del pasajero, y suavizar quizás también el nivel de críticas hacia un servicio que sigue siendo deficiente.
La revisión de todas las concesiones hechas y con base en un plan maestro la asignación de concesiones de frecuencias con itinerarios eficientes y de amplia cobertura, la renovación de las flotas con la integración de buses eléctricos, la implementación de un sistema tarifario integrado y la seguridad como prioridad para cada viajero, son esos los ejes en torno a los que debería girar la discusión para mejorar el servicio y ofrecer algo digno al ciudadano que lo sustenta.
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