Esta calamidad llamada transporte público urbano esperaba hace tiempo que algún Gobierno encarara el cambio definitivo que extirpara este mal que mortifica a buena parte de la ciudadanía, un mal que afecta incluso a quienes no utilizan el servicio.
Luego de que la situación se volviera insoportable, por fin el Gobierno actual se puso a elaborar un proyecto que apunta a generar un cambio radical. Esto se debió hacer mucho tiempo atrás. Pero ya está, alguna vez se iba a dar.
En la presentación del documento, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, afirmó que “Buscamos romper el monopolio que tiene el operador”: los buses los adquirirá el Estado y serán de propiedad pública. Pero a continuación expresó algo que mete miedo: “trabajaremos con los operadores actuales en lo que respecta a la prestación del servicio”.
Los “operadores actuales” se supone son los mismísimos Caballeros Chatarra del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana, la irritante Cetrapam, que explota el servicio de una forma que constituye una vejación a la dignidad ciudadana.
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Asunción es la ciudad capital con el peor transporte público merced a ellos. Nunca asumieron que el suyo es un servicio público, es decir, una prestación destinada al bienestar de la gente y convenida en un pacto mediante el cual todos deben ganar.
A ellos solo les interesa su ganancia. Recaudar sin reinvertir en mejora alguna. Funcionar sin servir. Vegetar sin demostrar un atisbo de identificación o empatía con el ciudadano de a pie a quien deben atender.
El servicio llegó a ser inservible. Esto obligó a muchos usuarios a buscarse su propia movilidad: motos, vehículos utilitarios, automóviles importados de segunda mano. Nuestras calles comenzaron a llenarse de móviles particulares dados los inconvenientes que acarreaba la utilización de esos ómnibus destartalados que al observarlos uno no sabía si iban o venían, conducidos por choferes también afligidos a sabiendas de que son igualmente explotados en cierta manera.
Y lo más denigrante: estos señores se constituyeron en un poder dentro del poder. Sabían que tenían el sostén politiquero que les posibilitaba extorsionar al Gobierno que fuere (generalmente complaciente) y amenazar en forma constante con atentar aún más contra la población menos favorecida. El chantaje insoportable de las advertencias de paro.
Se sabe que una reforma del tamaño del que se debe dar llevará tiempo. Pero es hora de empezar y se debe marcar la regla. En el tema del transporte ya no pueden primar la politiquería ni los intereses de estafadores con poderes espurios. En esta reforma no cabe la mafia.
Si se quiere reformar el sistema habrá que buscar operadores sanos.
nerifarina@gmail.com