La Corte Suprema, cuando la integraba Myriam Peña, estableció una doctrina nefasta y falaz, que debe ser revertida por nuestro más alto tribunal, según la cual pueden adquirirse derechos por la comisión de actos irregulares o ilegales; cuando estos mismos gremios reventaron, con ayuda de la citada, la anterior ley sobre la materia, la 1626.
Peña sostuvo, con la complicidad de algún otro, que se puede violar una ley y que de ese acto ilegítimo nacen “derechos” a ser “precautelados” a costa de toda la ciudadanía. Se refería a los ingresos a la función pública sin el requisito de comprobación objetiva de la idoneidad, requisito que tiene rango constitucional en nuestro país.
La ministra borró esa parte de nuestra Constitución seguramente para beneficiar a la potencial clientela de su jefe, Horacio Cartes, quien siempre buscó la simpatía de la casta prebendaria. Digo seguramente porque su línea argumental, la de Peña, es descabellada, disparatada y total y completamente violatoria de la Carta Magna.
De un acto irregular, ilegal, inconstitucional, no nace derecho alguno. Lo que nace es una responsabilidad penal, hasta ahora impune. Los “contratados” no tienen ningún derecho adquirido, porque la definición legal para obtener un “contrato” es una temporalidad breve y circunstancial, cosa que estos sinvergüenzas violan para obtener cargos permanentes. Peña “olvidó” que los cargos permanentes requieren prueba de idoneidad, cosa que su aberrante sentencia elimina.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Todos los prebendarios que tienen “contratos” son eso, prebendarios que deben ser penalmente procesados por lesión de confianza, junto con los administradores que autorizaron esos “contratos”.
Roban dinero del pueblo pues al llevarse un salario sin probar su idoneidad simplemente están asaltando al contribuyente al que además pisotean con su manifiesta incompetencia, su extendida deshonestidad y su habitual prepotencia.
Por causa de esos gremios de prebendarios todos los niveles de la gestión pública paraguaya, nacional, departamental y municipal, son pésimos y no solamente son pésimos, sino que, como se confirma con la intervención de la Municipalidad de Asunción, son maquinarias de impedir cualquier mejora.
No hay que tener miedo a estos prebendarios sinvergüenzas. Y el hecho de que haya políticos que los defienden solamente muestra que dichos políticos son también unos sinvergüenzas que usan nuestro dinero para beneficiar a sus clientelas de bandidos.
Demasiado tiempo ya hace que estos gremios vienen lastrando nuestro desarrollo. Es hora de acabar con esta farsa que incluso cuesta vidas. Y está sobre los hombros de la Corte Suprema servir a la República o repetir a Myriam Peña.
evp@abc.com.py