La secuela está ambientada en una cárcel para mujeres, en la que se desarrollan conflictos similares a los vividos en las cárceles de varones de la primera serie.
En uno de los capítulos un gobernador es el invitado de honor para un festival artístico en la cárcel, que es convenientemente maquillada para recibirlo, escondiendo todas las miserias que existen en su interior.
Sin embargo un grupo de reclusas logra burlar el cerco oficial, acercándole una carpeta con denuncias de la corrupción interna existente allí, y otro grupo aprovecha el festival para organizar un acto de protesta contra los abusos a los que estaban siendo sometidas en la cárcel.
No es nuestra intención estropearle la serie, si tiene intenciones de verla, anticipando aquí todo lo que en ella ocurre, pero fue inevitable mencionar esas escenas de ficción al recordar lo que conocimos aquí esta semana.
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En nuestra serie local, el lunes supimos que cuatro juezas de ejecución penal llegaron el viernes 22 hasta la antigua cárcel de Emboscada para verificar las condiciones de reclusión de los internos que viven allí.
Rechazando el tour oficial que habitualmente es ofrecido a las autoridades, para mostrarles solo lo que se quiere exhibir, las juezas de ejecución penal Lidia Wyder, Cynthia Sostoa, Luz Bogarín y Sandra Kirchhofer decidieron meterse a la cárcel antigua para recorrer su propia hoja de ruta.
Lo que allí encontraron les permitió confirmar personalmente algunos datos que ya habían recibido: tras una puerta de blíndex que era custodiada (?) por dos internos, confirmaron que en lugar de ser una prisión de máxima seguridad esta era una prisión de máximo confort para todos aquellos que tuvieran suficiente dinero y contactos para acceder a algunas de las celdas privilegiadas, o celdas VIP, más semejantes a lujosos departamentos que a dormitorios de un lugar de reclusión.
Tras esa visita, elevaron el informe a la Corte y al ministro de Justicia, quien alegó que estaban al tanto de estos privilegios pero que estaban haciendo un “trabajo de inteligencia” para llegar a los que manejan el negocio, además de quejarse de la actitud de las juezas de quienes dijo que hicieron un “show mediático” por constituirse de ese modo en la cárcel de Emboscada.
Falso. El Código de Ejecución Penal faculta a los jueces a realizar inspecciones y visitas sorpresivas, para verificar las condiciones de reclusión de los internos y exigir explicaciones a las autoridades carcelarias cuando así lo consideren.
En su artículo 19, numeral 4, establece que los jueces tienen a su cargo “visitar permanentemente los establecimientos penitenciarios, de prevenidos, educativos y de internación. Podrá el Juez de Ejecución realizar visitas e inspecciones cuando lo considere conveniente y sin previo aviso”
Además el Código obliga a los magistrados a hacer estas verificaciones como máximo trimestralmente y elevar sus informes al Ministerio de Justicia y a la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente se supo que las mismas juezas ya habían estado silenciosamente cuatro meses antes, a fines de abril, en la Penitenciaría de Mujeres “Casa del Buen Pastor”, en donde también constataron la existencia de celdas VIP con privilegios para algunas reclusas vinculadas a causas por narcotráfico y otros crímenes.
Para destacar entonces la actitud de las juezas, que en lugar de quedarse en su zona de confort sin entrar en conflictos con nadie, decidieron optar por menos tours oficiales y más tours reales, para documentar el sistema de privilegios que sigue vigente en nuestro sistema penitenciario.
guille@abc.com.py