Era el sello de su inconfundible ironía para criticar de esa manera el crecimiento exponencial de abogados matriculados, y la multiplicación de universidades y facultades que entregaban, en muchos casos sin mayores o ninguna exigencia académica, títulos de abogados a quienes se inscribían en ellas.
El pensamiento tiene unos veinte años, y si bien ignoramos lo que hubiese dicho hoy el maestro y amigo, es fácil suponer que nos hubiese entregado un festín literario hincando su ácida pluma en esta realidad.
El caso del “doctor” Hernán Rivas es la mejor fotografía del negocio que sigue representando la creación de universidades y facultades, que bajo el escudo de la autonomía universitaria pueden seguir entregándole perfectamente títulos profesionales habilitantes a quienes pongan el dinero y/o los contactos suficientes para ello.
El caso, que es vox populi desde hace varios años, llegó ahora a la etapa de la acusación de la fiscalía, que pide juicio oral y público para el senador oficialista por producción mediata de contenidos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
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La investigación fiscal concluye que Hernán Rivas jamás pudo haber cursado de forma presencial la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, cuyo título y certificado de estudios exhibió para jurar ante la Corte Suprema de Justicia, ya que la carrera era ofrecida en la sede de Luque, de lunes a viernes, y Rivas en gran parte de ese mismo período debía asistir todos los días a su lugar de trabajo en la Gobernación de Itapúa, a más de 300 kilómetros de allí.
La fiscalía presentó ahora otras conclusiones contundentes: ninguno de los egresados de la promoción de la que supuestamente forma parte lo conoce, tampoco existe un registro sobre el trabajo de grado, mal llamado tesis, sobre el que se presentaron dos títulos muy diferentes en sendos documentos, no existe además un registro real de asistencia a las supuestas cátedras cursadas, en síntesis, una creación ficticia que le permitió a Rivas, a sabiendas de que todo era falso, inscribir su supuesto título y luego jurar ante la Corte para matricularse como abogado.
El caso investigado por la fiscalía puede ser una punta de lanza para seguir indagando sobre la discrecionalidad con la que se fabrican abogados en nuestro país, algo que conocen perfectamente integrantes de gremios como el Colegio de Abogados del Paraguay o la Coordinadora de Abogados del Paraguay.
Pero hay algo aún más importante.
Nadie del mundo político puede alegar desconocimiento de las serias denuncias y dudas que existían sobre la existencia al menos de un título formal, para no hablar ya de su capacidad real, ya que existían incluso denuncias periodísticas y una incluso presentada contra el parlamentario ante la fiscalía en el año 2020.
Nada de eso importó, los diputados lo eligieron primero como su representante ante el Jurado de Magistrados y los senadores hicieron lo propio luego, poco les importó la sospecha documentada de que no tenía siquiera el aval formal.
El fraude se coronó con la elección de Rivas como presidente del órgano que tiene que juzgar a fiscales y jueces en toda la República, con decisiones que son pasibles de ser atacadas por una nulidad insalvable.
Como la anécdota atribuida a Calígula por algunos historiadores, que sostienen que quería nombrar a su caballo Incitato como cónsul, para ridiculizar a los senadores demostrándoles que un caballo podía desempeñar sus mismas funciones.
El caso Rivas es la mejor demostración del daño institucional que se puede generar cuando la prepotencia y la soberbia política se imponen, con la precaria idea de que la mayoría en democracia da carta blanca para atropellar absolutamente todo.
guille@abc.com.py