El amanecer del 3 de febrero de 1989 fue un día distinto. Fue de abrazos y de risas; de ilusiones y esperanzas.
Hacía mucho que no llovía; las plantas y los animales morían de sed; las personas vivían en la desesperación. Al fin una tarde cruzan por el cielo truenos y relámpagos. Todos salen de sus casas a gritar su alegría. Enseguida cae una copiosa lluvia…era el diluvio universal.
Aquellos gritos jubilosos de febrero se tomaron como el anuncio de un tiempo de bonanza pero devino en desilusiones cuando la democracia fue tomada por asalto y rapiñada sin piedad.
No, no se regresó a un pasado de pesadillas. Se ha querido corregir los horrores con una Constitución Nacional que asegurase los derechos y garantías de los ciudadanos. Se han creado instituciones para cumplir y hacer cumplir el deseo de cambios que el país clamaba desde hacía tiempo. Pero al ser asaltada la democracia por la delincuencia todo se vino abajo.
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Era previsible el derrumbe en momentos en que la Constitución y las leyes son, irónicamente, los peldaños para el ascenso de los depredadores ¿Cómo? Valiéndose de la garantizada libertad en todos los órdenes. Esta libertad, administrada por los maleantes, se convirtió en pesadilla.
El burro de un campesino se cayó a un pozo. El dueño, suponiendo que estaría muy lastimado, quería sacrificarle asfixiándole con paladas y paladas de tierra. Al poco tiempo, el animal salió a la superficie gracias a que venía subiendo sobre la tierra que le arrojaba el dueño para sepultarle.
¿Qué se hacen de las leyes que castigan el lavado de dinero, el contrabando, el uso indebido del dinero público, y un montón de etc.? Se hace lo mismo que el campesino que ha querido sepultar a su burro: servirse de las leyes para sacar a la superficie a los corruptos burlándose de ellas.
Y aquí está el desaire humillante a la democracia: la exposición pública de quienes atropellan la Constitución y las leyes. Cada delincuente tiene sus senadores, diputados, fiscales, jueces, que sostendrán a cara descubierta a sus cómplices con las más descabelladas razones o el más expresivo silencio.
¿Qué hay de los intendentes acusados de corrupción? Nada. Se los perdonó a todos. Son intocables. Son cartistas, y como tales, con las manos sueltas para robar el dinero de los contribuyentes. Allí está la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, acusada por la fiscalía de asociación criminal, lavado de dinero y administración en provecho propio. El desvío de fondos sería de 1.100.000 de guaraníes. Hace 10 meses que la justicia no puede llevarla a juicio oral por las chicanas. Su marido, el diputado Esteban Samaniego, también cartista, tiene otra acusación igual pero sus colegas archivan los pedidos de desafuero que les llegan de la justicia.
Los acontecimientos recientes ratifican el camino torcido por donde llevan a nuestra democracia: Hacer del Paraguay el centro internacional de la extrema derecha; los dólares encontrados, robados o extraviados en la residencia presidencial; las acusaciones de la expulsada senadora cartista, Yamy Nal. El senador, también cartista, conocido como “chaqueñito”, confesó que su voto vale veinte mil dólares. Para no perderlos, votó contra sí mismo. Nadie sabe quién le va a pagar.
Frente a estos y otros acontecimientos, solo nos queda encomendar a Dios el futuro de nuestra ¿democracia?
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