Dos juezas y dos exjueces de paz encabezan la lista, seguidos por un ejército de ujieres, actuarios y oficiales de justicia, además de unos 28 abogados de empresas de cobranza, quienes impulsaban las acciones que derivaban en embargos con los que despojaban a asalariados y jubilados de parte de sus ingresos mensualmente.
Las maniobras eran diversas, la más habitual era la demanda a través de la utilización de un pagaré ya cancelado pero no retirado por la víctima de su acreedor original, quien lo negociaba con alguna empresa de cobranza, que a su vez lo ejecutaba de forma sumaria con la complicidad de jueces que dirigían este sistema ruin que incluía la simulación de las notificaciones a las víctimas, para evitar que estas pudieran defenderse en tiempo y forma.
Pero hay también casos todavía más graves, como la falsificación de las firmas de personas, que ni siquiera habían contraído deuda alguna.
Entre los más de sesenta procesados, cuatro ujieres decidieron colaborar, para intentar evitar caer al fondo del pozo, confirmando detalles operativos de este sistema miserable con el que los buitres atacaban al eslabón más débil de la cadena financiera, el de aquellos que no tienen medios ni contactos para defenderse y que resignadamente aceptaban la expoliación de todos los meses, por préstamos y compras que habían cancelado hace tiempo pero que les volvían a aparecer como pesadilla bajo la imagen de un pagaré.
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Así por ejemplo el ujier del juzgado de Paz de La Encarnación, Arturo Ayala, reveló que el sistema estaba montado para simular que se hacían las notificaciones a las personas demandadas, aunque en realidad todo era una ficción, y que incluso eran los abogados de las empresas demandantes quienes le llevaban en blocks las cédulas de notificaciones, y que ellos bajo la dirección de la jueza Analía Cibils formalizaban la parodia de las notificaciones masivas, aunque todos eran conscientes de que no se efectuaban estas comunicaciones a las personas demandadas.
“Debido a la cantidad de documentos nadie quería pagar el costo real de las notificaciones establecido por la Corte” declaró ante la fiscalía, recordando que la jueza les hacía un descuento de entre el 25 y el 30 por ciento.
El ujier reveló además que tenía que entregar a la jueza unos 25 millones de guaraníes en efectivo cada viernes, y que si no llegaba a reunir este dinero debía completarlo al viernes siguiente al hacer el nuevo pago.
Otro ujier del mismo juzgado, Nicolás Antúnez, confirmó que recibía cerca de 150 notificaciones por día, “todo recibía por block, lo cual debía de entregar en 3 a 4 días los informes” relató, recordando que fue la propia jueza la que le advirtió que si no cumplía con la parodia de las notificaciones iba a ser echado del juzgado.
Audrey Galeano, ujier del mismo juzgado, confirmó también a la fiscalía que la jueza Cibils estaba absolutamente al tanto de todo y controlaba personalmente el volumen de las notificaciones.
“Tenía instalado un sistema de circuito cerrado con cámaras que contaban con micrófonos en todas las dependencias del juzgado”, declaró la funcionaria judicial ante la fiscalía.
En síntesis: un sistema de despojo a los más vulnerables de la cadena crediticia del país, montado en el mismo corazón del sistema judicial paraguayo.
Y eso que hasta ahora solamente estamos hablando de cuatro Juzgados de Paz de la capital a los que decidió meterse para investigar la fiscalía.
Pero hay aún algo más: ¿se animarán los fiscales a ir más hacia arriba para investigar a quienes alimentaban a estas aves carroñeras del Poder Judicial?
guille@abc.com.py