Según el informe de la Contraloría General de la República, esos 56 intendentes (Ver infografía) violaron la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y también incumplieron lo que se establece en la Ley N° 3966/10 “Orgánica Municipal”, en los artículos 209 y 210 que garantizan la transparencia y el acceso del público a las informaciones municipales.
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Además, las disposiciones legales citadas en el párrafo precedente significan claramente que la difusión de las compras públicas a través del portal de la DNCP es obligatoria para todas las instituciones públicas, incluidas las municipalidades y gobernaciones, y se realizan de manera a que los oferentes interesados y la ciudadanía en general puedan conocer y hacer el seguimiento a las licitaciones que llevan a cabo las entidades públicas en todas las etapas, desde la programación, la convocatoria o llamado a contratación y finalmente la adjudicación.
El monto total de las contrataciones que se escondió (puenteó) del control de Contrataciones Públicas y de los contribuyentes es de G. 19.250 millones, en 2021 y 2022. La mayoría de los jefes municipales que cometieron esas faltas distribuyeron kits de alimentos durante el 2021, año de las clases virtuales debido a la pandemia del coronavirus y alimentos cocinados en las escuelas durante el 2022.
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En su informe, la Contraloría también detectó que muchos intendentes no realizan una revisión adecuada del control de calidad de los alimentos que son entregados a los niños, por lo cual se puso en riesgo la salud de los estudiantes. Se descubrió además que muchos alimentos tenían precios sobrefacturados y el tamaño de la ración era menor al pagado.