Intendentes no informan sobre el dinero del Fonae

Cuatro jefes municipales no presentaron sus rendiciones de cuentas sobre el dinero que recibieron durante el año 2024 en el marco de la Ley Nº 7264 que crea el “Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE)”, según informó la Contraloría General de la República (CGR).

La Contraloría General de la República resolvió abrir un examen de correspondencia a la funcionaria de Diputados, Anadelia Acosta Armoa.
La Contraloría General de la República emitió su informe sobre el uso del dinero en el marco del programa Hambre Cero.

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En el marco del programa Hambre Cero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió a los gobiernos municipales G. 266.333.387.603 desde abril a diciembre del 2024.

En ese contexto , todos los jefes municipales debían rendir cuenta del dinero que recibieron para la construcción de cocinas y comedores en cumplimiento del Artículo 13 de la Ley Nº 7264 que crea el “Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE). Sin embargo, según el informe de la Contraloría General de la República, cuatro intendentes no entregaron sus documentaciones que justifiquen el destino del dinero recibido.

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Se trata del jefe municipal de Puerto Casado Hilario Adorno (ANR-HC), quien según los datos del Ministerio de Economía recibió de abril a diciembre del 2024 G. 548.850.095, pero no presentó una sola documentación del uso que le dio. Tampoco entregó su rendición de cuenta el intendente de Lambaré Guido González (ANR-HC), quien recibió del MEF G. 3.168.469.741; en similar falta se encuentra el intendente de Itacuá Alfonzo Bell (PLRA), quien según los documentos recibió G. 479.847.873 para invertir en infraestructura.

Por último, el intendente de Horqueta Jorge Centurión (ANR-HC) tampoco presentó su rendición de cuenta de los G. 1.183.511.043 que recibió de abril a diciembre, según el ente contralor.

Lo que dice la ley

Según la nueva ley vigente tras la creación del programa Hambre Cero “como mínimo, el 70%, de los ingresos percibidos por los intendentes deberá ser destinado al financiamiento de infraestructura en educación, consistentes en construcción, remodelación, mantenimiento o equipamiento de instituciones educativas del sector público, ubicados en contextos vulnerables”.

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Asimismo la misma ley indica que las obras serán realizadas en todos los casos conforme a las normativas vigentes y a los estándares establecidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

En tanto que la Contraloría General de la República debe hacer un control riguroso de la utilización de los recursos asignados a cada jefe comunal.

El ente contralor también informó que recibió 258 carpetas de rendición de cuentas, de los cuales ya verificó 140 y 118 carpetas están todavía en proceso de verificación.

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