Cargando...
Pese a las evidencias de qué socios comerciales de la firma vinculada al presidente de la República, Santiago Peña, fueron ampliamente beneficiadas con millonarios contratos públicos, la Contraloría General de la República concluyó que no hubo violación a la ley de conflicto de intereses. El argumento, Peña no alcanzó más del 10% de las acciones de dichas empresas.
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, reconoció que el mandatario efectivamente obtuvo un beneficio personal a través de Ueno Holding SAECA, donde fue accionista junto a socios comerciales que hoy figuran como principales captadores de plata pública. Sin embargo, enfatizó que la participación de Peña no alcanza el umbral legal que define un “beneficiario final”, y por tanto, no incurre en ninguna irregularidad formal.
“La ley expresa claramente que el funcionario público tiene prohibido ser proveedor, directa o indirectamente, del Estado, salvo que no sea beneficiario final, es decir, no posea igual o más del 10% de las acciones”, dijo Torres. “En este caso, ni el presidente ni su hermano superan ese porcentaje”, añadió.
Lea más: Colosal fondeo coincide con arribo del hermano de Santi Peña a offshore
Modificaciones introducidas por gobierno de Peña redujeron campo de control
Las declaraciones del funcionario reflejan una peligrosa laguna legal, que permite que actores políticos se beneficien del Estado mientras mantienen sus intereses por debajo del radar legal. La modificación reciente de la ley, en enero de 2024, incluso redujo el campo de control de la Contraloría al eliminar el análisis del entorno familiar del funcionario, facilitando aún más este tipo de situaciones.
Con la modificación de la Ley 7089 por la Ley 7236, el vínculo familiar quedó fuera del control que se puede ejercer e implica una limitación significativa, reconoció Torres.
A pesar de las justificaciones legales, el caso vuelve a poner en evidencia cómo el entramado normativo parece estar diseñado para permitir que altos funcionarios participen del negocio público sin rendir cuentas reales, siempre y cuando mantengan sus participaciones dentro de los márgenes establecidos. Mientras tanto, las empresas de los allegados al presidente siguen arrasando con contratos multimillonarios.