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La Cámara de Senadores, presidida por Basilio Núñez (ANR, HC), aprobó, introdujo cambios y devolvió a la Cámara de Diputados la modificación del artículo N° 30 de la Ley N° 879/1982 “Código de Organización Judicial”, modificado por Ley N° 2248/2003”.
Esta iniciativa fue aprobada en la Cámara Baja en octubre de 2024 y fue presentada por varios diputados.
Entre los cambio introducidos por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se establece que de las cuatro salas, solo dos podrán seguir juzgando cuentas del presupuesto general de la Nación.
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Javier Zacarías Irún (ANR, HC), titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que el proyecto dispone aumentar de dos a cuatro las salas, con tres miembros cada una. Agrega que tendrán competencia exclusiva en juicios contencioso administrativo con el fin de descomprimir, descentralizar y agilizar los juicios de este fuero.
No obstante Irún señaló que la Corte se mostró contraria a limitar la competencia de las salas a los juicios contenciosos administrativos porque supuestamente “no se ajusta a las disposiciones constitucionales”. Narró que la Corte incluso pidió mantener la competencia de estas salas en cuanto al juzgamiento de las cuentas de inversión del presupuesto general de gasto de la nación “conforme al artículo 265” de la Constitución Nacional.
Derlis Maidana (ANR, HC), titular de la Comisión de Legislación, dijo que estaban a favor de establecer la exclusividad de todas las salas de jugar materia contenciosa administrativa y no así de juzgar cuentas del presupuesto de la nación ya que de lo contrario se estar estaría profundizando la “controversia”.
Evaden el control de la Contraloría
El senador Rafael FIlizzola (PDP) dijo estar a favor de limitar las salas que juzguen las cuentas del Presupuesto general de la Nación y se pronunció en contra de validar “una situación que se ha dado de hecho y sin ningún tipo de argumento constitucional que ha permitido que muchas instituciones públicas evadan el control de la Contraloría General de la República”.
El año pasado, el presidente de la República, Santago Peña, vetó el proyecto de ley que pretendía eliminar el “puenteo” a la Contraloría General de la República (CGR), evadiendo sus controles recurriendo al Tribunal de Cuentas. Con esto, se usará a la Contraloría como “garrote” contra los enemigos, y el Tribunal de Cuentas para “blanquear a los amigos”, es decir, una “herramienta de apriete”, advirtieron opositores en ese entonces