El senador Rubén Velázquez (YoCreo) indicó que el titular de la Contraloría General de la República, Camilo Benítez se extralimitó en sus funciones al solicitar la intervención de las municipalidades de Ciudad del Este y de Asunción. Lamentó que se haya prestado a la persecución que hace el cartismo a un intendente que no se “arrodilla”.
“Lo que hizo el contralor es una medida peligrosa y un antecedente riesgoso para la República, el Estado de derecho y la seguridad jurídica de la Nación" sostuvo el senador Velázquez durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta.
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Agregó que para prestarse a la persecución que hace el cartismo contra Miguel Prieto, por no arrodillarse al cartismo, Camilo Benítez buscó hechos de periodos de mandato ya concluidos. Es decir, durante la primera gestión de Miguel Prieto.
“La Contraloría, al justificar su pedido de intervención, indica hechos de periodos de mandato concluidos. Varios de los hechos fueron cometidos, supuestamente, durante el periodo en el 2019, 2020 y 2022. En mandatos fenecidos, y que ahora pretenden que sean sometidos a una intervención. Esto es una manipulación política contra intendentes opositores”, alegó Velázquez.
Arma peligrosa
Para el senador esteño, el contralor se respaldó en una ley ya derogada, para solicitar el pedido de intervención a los municipios, así como avasalló el estado de derecho.
“Es un arma peligrosa lo que está a punto de cometerse, si se lleva adelante la intervención. Atenta contra la Constitución Nacional y el Estado de derecho. Viola totalmente la autonomía municipal. Encontramos mal desempeño de funciones, y hay causales suficientes para someter un juicio político al contralor”, sostuvo Velázquez.
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Agregó asimismo que “la solicitud de intervención de CDE se encuentra basada en una norma derogada en lo concerniente a las municipalidades. Usaron la Ley Nº 317/94, derogada, que daba la facultad de la Contraloría para intervenir directamente. Sin embargo, las intervenciones están respaldadas por la ley Nº 3966/20 que suprime esta facultad que antes tenía la CGR y deben ser las juntas municipales las que soliciten los pedidos”.
Para el legislador, Camilo Benítez, al solicitar el pedido de intervención, violó el principio de autonomía municipal, por eso es un acto inconstitucional.
“No hay equidad, sino una parcialidad manifiesta para atacar a una sola administración que no se arrodilla y con eso enervar a una ciudadanía que votó por quien quería que sea su representante”, finalizó Velázquez.