Ayer la comparecencia del contralor Camilo Benítez como parte acusadora y del señalado intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (YoCreo) ante la Comisión Especial para dictaminar sobre el pedido de intervención a la municipalidad esteña comenzó con controversia, ya que el presidente, diputado cartista Alejandro Aguilera comunicó que se haría a puertas cerradas para la ciudadanía y la prensa, y que tampoco se transmitiría.
Luego del reclamo del diputado Raúl Benítez (Independiente) que fue como oyente, el miembro de la comisión, diputado liberal Pastor Vera Bejarano mocionó formalmente permitir el acceso a la prensa, y los cartistas recularon.
Opositores cuestionaron principalmente la legalidad de la iniciativa de la Contraloría de impulsar el pedido de intervención y la presunta instrumentación política, ante lo cual Benitez respondió desafiante.
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Puntualmente, el diputado Benítez le cuestionó que él y su director Leandro Villalba realizaron consideraciones políticas para justificar el pedido contra Prieto.
Ante ello, el contralor justificó: “Somos seres humanos, a veces es difícil centrarse cuando hay gente que miente y sobre todo ante la evidente doble moral que existe en Paraguay, de todos los sectores, porque si esto fuese solo de Asunción usted estaría aplaudiendo”.
En otro momento, también dijo que no importa al sector que investiguen, siempre se va a alegar “persecución política” y que incluso declaró ser él “víctima” del ataque personal por asumir esta decisión.
Respecto a los puntos del pedido de intervención, principalmente enfatizó dos: la supuesta falta de respaldo documental en el gasto de G. 42.000 millones y el “abuso” del mecanismo de trasferencias a través de Organizaciones Sin Fines de Lucro, como supuesto mecanismo de evasión de controles de Contrataciones Públicas y de “direccionamiento” de licitaciones.
En tal sentido, cuestionaron las transferencias a “Comisión Distrital de Ciudad del Este en Apoyo a la Navidad Sustentable” y al Consejo de Salud, acusando de supuestas irregularidades en la constitución de la primera y la evasión de controles y procesos licitatorios.
Impulsado por las preguntas del los diputados Hugo Meza (ANR, B - aliado cartista) y el cartista Arturo Urbieta, el contralor hizo énfasis en los “indicios de hechos punibles”, aunque no se animó a acusar de “lesión de confianza”.
“Como decíamos, el daño patrimonial va a llevar años en probarse. Hoy lo que nosotros tenemos son las auditorías que se hicieron, que terminaron en reportes de indicios punibles, cuyos montos ahora les va a explicar el Dr. Darío (Ortega) y, por otro lado, la falta de documentos por más de G. 40.000 millones que se tiene que investigar si existen documentos “, dijo.
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Ortega, director jurídico de la Contraloría detalló que existen 4 reportes de indicios de hechos punibles remitidos a la Fiscalía por un total de G. 8.937 millones, más un monto “a determinar”.
“Tenemos uno por G. 6.817 millones, otros por G 1.978 millones y G. 142 millones y uno ‘a determinar’, porque no se pudo concretar o cerrar los números y, como nuestra limitación para la auditoría es bastante grande y el Ministerio Público si puede hacer actos administrativos, le dejamos a criterio determinar. Estos montos pueden aumentar”, dijo Ortega.
El contralor también anunció la presentación de un nuevo proyecto “anti puenteo” a Contraloría mediante los Tribunales de Cuentas, ya que Santiago Peña vetó una propuesta anterior.
La comisión aun no definió sus siguientes pasos, entre ellos, podría realizar una visita a Ciudad del Este.
Prieto alega “mentiras” de Contraloría
El intendente Miguel Prieto (YoCreo) acusó al contralor Camilo Benítez de sostener en base a “mentiras” su informe de auditoría y citó al menos dos hechos concretos: negó que supuestamente no se remitió la documentación respaldatoria, siendo que tiene la constancia de recepción de Contraloría y otra “mentira” que el Contralor ya ni siquiera mencionó, es que supuestamente no hicieron las trasferencias a Catastro por aranceles de impuesto inmobiliario.
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Sobre este último punto, Contraloría los acusó de incumplir la obligación de transferencia de G. 1.032 millones al Servicio Nacional de Catastro en concepto de aranceles de 2019 a 2022, ante lo cual Prieto expuso los cheques de transferencia.
Sobre la documentación, presentó los sellos de mesa de entrada de Contraloría y ratificó que todo documento adicional que necesiten será remitido a quien lo requiera.
Dijo que la Contraloría le reprocha los gastos por la llamada “Navidad Sustentable” pese a que fue más barata y más concurrida que la organizada por Itaipú Binacional, manejada por el cartista Justo Zacarías Irún, miembro del clan colorado esteño que opera a sus anchas.
Otro punto que acusó directamente el contralor es el presunto incumplimiento de la Ley 1513, sobre la distribución del gasto capital y corriente, ante lo cual Prieto recordó que es “imposible” el cumplimiento porque deben cubrir la enorme deuda que dejó la exintendenta colorada cartista Sandra McLeod por G. 384.400 millones y ahora están camino a dejar en cero gracias a su gestión.
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Respuesta del contralor Camilo Benítez
Al respecto, el contralor refirió que “la ley 1513 le obliga a que el 60% de lo que se cobra en impuestos inmobiliarios sea destinado a Gastos de Capital (obras). De esos 168.000 millones recaudados en este periodo fiscalizado, G. 82.000 (millones) tendrían que haber sido destinados a gastos de capital y de esos solamente G. 42.000 (millones) fueron destinados a gasto capital, el resto a gasto corriente, salarios y otros”.
Sin embargo, Prieto señaló que es mentira que se use solo para pago de salarios, ya que entre otras cosas, ese dinero va a para incluso exigencias judiciales asumidas por culpa de la gestión anterior y que si no se pagan, seguirá aumentado.
El asesor del intendente, Daniel Pereira Mujica, incluso fue más preciso y detalló el destino de ese dinero.
“Hay que recordar que G 384.400 millones era la deuda en 2019 y para que manejemos números, solamente en indemnización a personal hemos pagado casi G. 38.000 millones -gasto corriente-. La deuda del 2020 con la Caja de Jubilaciones Municipal que nunca se pagó, ¿quién está pagando? La gestión de Miguel Prieto. La deuda alcanzó G. 30.000 millones", detalló Mujica.
Mujica también indicó que incluso redujeron la cantidad de personal con relación a la gestión de McLeod.
“Les comento que el día que asumió Miguel Prieto había 3.500 funcionarios. La semana pasada (cerramos con) 2.241 funcionarios, redujimos casi el 40%. Por eso es que los coeficientes, con una institución muy endeudada es imposible cumplir, y acuérdense que pasamos 2020-2021 una pandemia. Agua, luz y teléfono se debían 9 meses cuando entramos. En dos o tres años más se paga toda la deuda”, sostuvo Mujica.
Donde sí se vio complicado Prieto es ante la consulta del diputado cartista Alejandro Aguilera sobre el caso de presunto nepotismo de su Jefa de Impuestos Inmobiliarios y prima, Meribel Vallejo, cuya desvinculación anunció desde la semana pasada.
Vallejo alegó que la contrató por una cuestión de confianza y “honestidad” de la misma en un cargo clave y que gracias a ello logró aumentar la recaudación considerablemente. “Entonces, hay que echar a los 267 intendentes por esto”, dijo.