La intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda, en su descargo presentado ante la Contraloría General de la República, alegó que realizó un “contrato abierto” con una empresa funeraria, saltando los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas debido a que se “encontraban en pandemia y una licitación llevaría más tiempo”.
Sin embargo, pese a presentar algunas documentaciones con las que intentó levantar la observación realizada durante el informe preliminar, la CGR se ratificó en su cuestionamiento en el informe final publicado recientemente.
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“Es importante informar y aclarar que se suscribieron varios contratos para los servicios de sepelios teniendo en cuenta que en ese periodo nos encontrábamos en plena pandemia y el requerimiento de los servicios de sepelios por los pobladores de esta ciudad eran altas por lo que dicha situación conllevó a realizar dichos procedimientos ya que si realizábamos el contrato por la modalidad de LPN nos sobrellevaría (sic) mucho tiempo teniendo en cuenta las exigencias establecidas por las disposiciones legales”, fue la respuesta que hizo Carolina Aranda a la CGR.
En el informe final, la CGR dijo que “esta respuesta no aporta hechos ni argumentos nuevos que ameriten su rectificación, sino que confirma”.
“La Contraloría se mantuvo en que se evidenció la falta de solicitud del servicio, nota de recepción, y no se tiene el informe sobre la situación económica del beneficiario por G. 409 millones durante el 2021“, reza parte del informe final de la CGR.
En la planilla presentada por la CGR, se evidenció que se pagaron hasta G. 28 millones por servicio de sepelio con un cheque de la municipalidad.
En el rubro de “servicio social”, primero se pagó G. 409 millones, en donde, a más del servicio de sepelio, también se compraron bolsas de pollo, cajas de hamburguesas y otros insumos alimenticios, supuestamente para donar.
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En tanto que, aparece también un “contrato abierto” por G. 630 millones con la empresa Jardín Celestial solo por servicios funerales. Sin llamar a licitación, por ejemplo, el 1 de febrero del 2021 se firmó un contrato por G.500 millones, el 30 de marzo por G. 12 millones, el 1 de mayo por G. 49 millones, en pleno feriado. Nueve días después se firma otro contrato por G. 8 millones. En el mes de junio del 2021 se firmaron tres contratos más por montos que rondaban los G.22 millones.
Sobre este punto, la Contraloría insistió en que no se pueden ignorar los procedimientos licitatorios e instó a la Municipalidad de Mariano Roque Alonso a “instruir a las dependencias responsables para que realicen el proceso de contratación bajo la modalidad correcta”.
En total, el ente contralor realizó 33 observaciones a la administración de la libero cartista en su gestión 2021-2022 de los cuales ninguna pudo levantar durante su descargo Carolina Aranda.
En la mayoría de las respuestas dadas por la administración municipal fue que “contaba con la totalidad de las documentaciones, pero que estaban archivadas en otra dependencia”. Pero, las documentaciones que envió eran parciales por lo cual la Contraloría se ratificó en cada una de las observaciones.