La Contraloría General de la República se ratificó totalmente en 23 observaciones que hizo a la Municipalidad de Yaguarón (Departamento de Paraguarí) en el periodo 2023 y se ratificó de manera parcial en siete de ellas. Esto demuestra que el intendente Luis Rodríguez Lugo (PLRA) en su descargo no arrimó las documentaciones adecuadas para refutar las observaciones realizadas por los auditores del ente contralor.
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Según el reciente informe final de la CGR, durante el 2023, la Municipalidad de Yaguarón tuvo un presupuesto de G. 10.429 millones y la ejecución que hizo el intendente fue de G. 8.896 millones, lo que representa el 85% de ejecución.
Una de las principales falencias detectadas es la deficiencia en la documentación respaldatoria que justifiquen los pagos o los gastos realizados.
La CGR indica que “no fue visualizada la aplicación de procedimiento de arqueo diario o recuento de valores al cierre de caja, el cual debe ser realizado por el cajero/a. La administración municipal no elabora planilla de control y seguimiento de los depósitos de las recaudaciones diarias”.
Asimismo, en concepto de pago de salarios a profesionales, funcionarios permanentes y jornaleros se efectuaron sin contar con la documentación adecuada por más de G. 500 millones.
“La ausencia de estos documentos compromete la transparencia y la correcta rendición de cuentas de los recursos municipales”, reza parte del informe final del ente contralor.
Además, por mantenimiento y reparación de maquinarias no se encontró ningún documento respaldatorio por G. 21 millones y tampoco por la adquisición de combustible por G. 76 millones.
El intendente Rodríguez Lugo tampoco presentó las órdenes de trabajo utilizados durante el periodo fiscal 2023, para respaldar cargas de combustibles y uso de vehículos de la institución, por lo que no se sabe si el combustible pagado fue utilizado para el servicio de los contribuyentes.
No hay documentos respaldatorios por el pago de “servicio de consultoría” por G. 26 millones. En tanto que, la municipalidad ejecutó obras por G. 591.453.500 sin pasar por el proceso de licitación pública y sin comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Es decir, el intendente evitó el control más riguroso de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Se pagaron también G. 2.041 millones en obras con recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública (Fonacide) sin pasar por Contrataciones Públicas y G. 620 millones del royalties en situación similar de irregularidad.
El ente contralor indicó además que la municipalidad no gestionó una cuenta única para depositar los ingresos por el cobro de patentes de rodados por G. 163.661.883, por lo que no se sabe si esos recursos fueron para asfaltado como lo exige la ley tributaria.