Si la iniciativa legislativa del Senado para legalizar el “puenteo” prospera, no solo se abriría la puerta a la corrupción sino que habría que “extinguir” la Contraloría General de la República (CGR), dijo ayer el contralor Camilo Benítez en la Cámara de Diputados, en víspera del tratamiento en la fecha (en la sesión convocada para las 9:00) del proyecto de ley “que modifica el artículo 30 de la Ley Nº 879/1981, Código de Organización Judicial, modificado por la Ley 2248/2003 (Tribunal de cuentas, composición)”.
“Si se llegase a aprobar la propuesta del Senado de legalizar esta situación gravísima, yo creo que en la Contraloría General de la República debería de evaluarse su extinción”, dijo el contralor, quien, si bien no quiso usar el término, admitió que se confirmarían como un “florero”, ya que quedarían sin atribuciones de control que le otorga al Constitución.
“Puenteo” es como se conoce a la práctica común de administradores sospechados de corrupción en el manejo de dinero público que, mediante acciones de inconstitucionalidad, recurren para que sus rendiciones sean “juzgadas” por el Tribunal de Cuentas y evitar así la fiscalización por parte de Contraloría.
“Si esto se convierte en ley, imagínense, todas las instituciones del Estado, todo el gasto público podría enviarse directamente al Tribunal de Cuentas y la Contraloría estaría imposibilitada de acceder a esa documentación”, insistió el contralor, argumentando contra el puenteo.
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Modificaciones del Senado para puenteo a Contraloría
La Cámara de Senadores modificó el proyecto original, e introdujo un párrafo que dice que “tendrán competencia para el juzgamiento de las cuentas de inversión del Presupuesto General de la Nación, en las condiciones establecidas por la Constitución de la República”, con lo que dan facultades exclusivas al órgano judicial y proscribe a la Contraloría.
“Legalizar esta situación me parece a mí que sería gravísimo, sería un atentado no solamente contra la transparencia, contra la cultura de rendición de cuentas y puede llegar a favorecer un esquema de corrupción a nivel nacional de todas las instituciones públicas del Estado”, insistió.
El contralor, finalmente, dijo que espera que los diputados comprendan el riesgo de esta iniciativa y se ratifique en la versión Diputados, de lo contrario va “a pedirle al presidente que vete y, si no, vamos a tener que actuar ante el órgano jurisdiccional”, mediante una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, que en este caso es juez y parte.
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Contralor no se salvó de las críticas
El Contralor no se escapó de la crítica, ya que algunos, como el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) le recordó que la pérdida de poder de Contraloría se da también porque funge de “abogado” del Ejecutivo.
El planteamiento de este tipo de iniciativas “se debe a la degradación de esa institución, pero ¿por qué se degrada? porque la representación de esa institución se ha degradado haciendo de juez y parte con el Ejecutivo. El contralor Benitez, que parece más abogado del Ejecutivo, siendo que debería de controlar”, reclamó Vaesken, que no obstante acompañará la ratificación de Diputados.
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Si en Diputados no se logra la mayoría absoluta para la ratificación (41 votos), quedará sancionada la versión Senado. Si lo logran, la última palabra la tendrá la Cámara Alta, que también por mayoría absoluta (23 votos) podría imponer su versión.
Si no se trata hoy, quedará solo una sesión ordinaria, la del martes 22, para definirlo, si no, tendrá sanción ficta a favor de la versión Senado.