La Contraloría General de la República informó que el intendente Carlos Quiñónez (ANR-HC) no cumplió a cabalidad el Plan de Mejoramiento Administrativo que prometió ejecutar en la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú mediante la nota remitida al ente contralor el 5 de enero del 2024.
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Según la CGR, el intendente cartista solo cumplió una de las nueve observaciones realizadas a la comuna. En tanto que, tuvo cumplimiento parcial en seis observaciones y no cumplió dos observaciones.
Carlos Quiñónez, mediante una nota remitida a la CGR se comprometió en reforzar el control administrativo luego del informe final de la auditoría realizada en el 2022 a la vergonzosa gestión de Gustavo Rodríguez (ANR-HC), quien renunció para evitar su destitución.
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“El objetivo general del informe consiste en comprobar si la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú, en cumplimiento al Plan de Mejoramiento elaborado, aplicó las medidas correctivas para subsanar las observaciones formuladas por la CGR en el informe final de la auditoría realizada en el 2022″, reza parte del informe de la Contraloría.
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Según el ente contralor, Carlos Quiñónez se aplazó en las mejoras, y su gestión no corrigió las falencias detectadas en el 2022 en la comuna sampedrana.
No reforzó el control interno y tampoco informó si se recuperó el dinero entregado a las constructoras por obras no ejecutadas o si las obras se realizaron posteriormente.
“El nivel de cumplimiento general de la evaluación obtenido por la municipalidad es de No Cumplido. La entidad se encuentra en proceso para la implementación de las acciones correctivas”, reza otra parte del documento de la CGR.
Las observaciones
La CGR, en el informe final de la auditoría del 2022, detectó que la administración de Gustavo Rodríguez pagó por obras que nunca se ejecutaron, además se emitieron cheques sin justificación documental. En total, según la CGR el presunto daño patrimonial fue G. 18 mil millones.
A raíz del informe del ente contralor, Rodríguez fue investigado y actualmente está acusado por lesión de confianza por un presunto daño patrimonial de G. 2.269 millones durante su gestión 2021-2022. Sin embargo, mediante diversas chicanas jurídicas dilata el inicio del juicio oral y público.