El contralor general de la República, Camilo Benítez, habló sobre el examen de correspondencia que se realizará a la declaración jurada de bienes presentada por el presidente Santiago Peña, en medio de la polémica por la supuesta omisión de ciertos lujos no declarados como una colección de relojes valuada en unos USD 100.000.
Benítez explicó que la presentación de la declaración por parte del mandatario habilita por primera vez a la Contraloría a iniciar el proceso de verificación patrimonial.
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“Tiene la obligación de decir la verdad de forma absoluta en su declaración jurada”
“Él no tenía la obligación de presentar, pero al hacerlo ahora, asume la responsabilidad de decir toda la verdad sobre su patrimonio. No declarar la veracidad absoluta constituiría una declaración falsa, que es un hecho punible”, afirmó.
El contralor indicó que el formulario permite consignar bienes de manera general —por ejemplo, bajo el rubro “joyas”—, sin detallar cada pieza individualmente, aunque advirtió que en el proceso de revisión se cruzarán datos con la DNIT, empresas privadas y registros comerciales para verificar la existencia y origen de los bienes declarados.
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“Si existe una factura o evidencia de compra, se contrastará con lo declarado. Si no coincide, se señalará en el examen de correspondencia”, subrayó Benítez.
Consultado sobre los relojes de alta gama que utiliza el presidente, Benítez explicó que este tipo de artículos pueden incluirse dentro del concepto de “joyas”, pero insistió en que deben reflejarse en la declaración, sea de forma específica o genérica. “El presidente tiene la obligación categórica de decir la verdad. Si recibió algún regalo, también debe aclarar quién lo dio”, puntualizó.
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Sin regulación sobre regalos oficiales
El contralor reconoció que en Paraguay no existe una norma que regule la recepción de obsequios por parte de funcionarios públicos, a diferencia de otros países donde los regalos que superan cierto valor deben ser declarados de manera oficial.
“No es lo mismo recibir un regalo de un familiar que de una empresa proveedora del Estado. En el segundo caso, sí hay un conflicto ético evidente”, añadió.
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Rango de la investigación
El examen abarcará las declaraciones patrimoniales del mandatario correspondientes a los periodos 2014-2017 y desde su asunción en agosto de 2023 hasta la fecha, con foco en el crecimiento patrimonial y la veracidad de los datos presentados.
Benítez aclaró que la Contraloría no puede investigar los ingresos del presidente en el ámbito privado antes de ser funcionario público, debido a los límites legales de su competencia.
“Por ley, lo que no estamos autorizados a hacer, nos está prohibido hacerlo. La Contraloría no puede ingresar al sector privado sin cometer una arbitrariedad”, afirmó.
El contralor adelantó que los cruces de información incluirán solicitudes de datos a la municipalidad, empresas constructoras y registros tributarios, a fin de determinar si los gastos y bienes declarados guardan coherencia con los ingresos y egresos del mandatario.
“Es muy prematuro adelantar conclusiones, pero los resultados van a arrojar luz sobre la veracidad de la declaración del presidente”, concluyó.