En Brasil, Itaipú anunció ayer la segunda lista de entidades beneficiadas por el programa Itaipú Más que Energía, financiado con los gastos sociales de la entidad. En total, más de mil organizaciones sin fines de lucro recibirán apoyo para proyectos en educación, salud, cultura, sostenibilidad y seguridad alimentaria, con un impacto en 560 mil personas de 297 municipios.
Todo el proceso se transmitió en vivo por canales oficiales, lo documentaron en línea y los proyectos son georreferenciados a través del Sistema Integrado de Desarrollo Sostenible (SIDS), que permite a cualquier ciudadano verificar la ubicación, costo y estado de ejecución de cada iniciativa. Este nivel de apertura contrasta con la realidad paraguaya.
Aunque el acuerdo tarifario de 2024 prometía ingresos anuales de US$ 1.250 millones para el país, de los cuales US$ 650,9 millones se destinarían a inversión social, el gobierno de Santiago Peña hasta ahora no detalla cómo los distribuyen y tampoco permitió su incorporación al Presupuesto General de la Nación. La exclusión deliberada deja los fondos fuera del alcance del Congreso y de organismos de control como la Contraloría General de la República.
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La falta de transparencia se refleja también en denuncias concretas: compras sobrefacturadas de pupitres, adjudicaciones cuestionadas y la negativa a entregar actas y documentos de gestión. Expertos, como el ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, advierten que esta discrecionalidad abre las puertas al clientelismo y a la corrupción, a pesar del discurso oficial de transparencia.
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En Brasil, aún con los mecanismos señalados sobre el destino de los fondos sociales, los periodistas y organizaciones civiles vienen denunciando que instituciones como el Tribunal de Cuentas de la Unión y la Contraloría General enfrentan trabas judiciales para auditar a Itaipú.
En ese sentido, una promesa aún incumplida es la creación de la Comisión Binacional de Cuentas, acordada en 2021 por ambos gobiernos para auditar ingresos y egresos de Itaipú. Cuatro años después, el proyecto permanece estancado en el Congreso paraguayo y en la Casa Civil brasileña.
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El investigador compatriota Victorio Oxilia también había reclamado mayor transparencia en el manejo de los fondos excedentes y de responsabilidad social de Itaipú. Recordó incluso que el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, había prometido informar públicamente sobre su uso, algo que consideró “muy bueno e inédito” si se concretase, pero que hasta ahora no se ha materializado.