Sin embargo, esta semana, la cruda realidad del narcotráfico irrumpió nuevamente en nuestro país, dejando como víctima al teniente coronel Guillermo Moral, un oficial del Ejército de 44 años asesinado a tiros por sicarios en moto frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Moral, quien había denunciado intentos de soborno en la prisión militar de Viñas Cué para favorecer a narcotraficantes como Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, pagó con su vida su integridad. Este brutal acto de sicariato, ocurrido a plena luz del día, nos obliga a enfrentar una pregunta inquietante: ¿estamos convirtiéndonos en un estado narco?
El sicariato, que antes asociábamos con zonas fronterizas como Pedro Juan Caballero, ya no es un problema lejano. Los asesinatos ocurren ahora en lugares cotidianos: en el estacionamiento de un supermercado, frente a los colegios de nuestros hijos, a las puertas de las universidades. Recordemos casos emblemáticos que ilustran esta escalada de violencia. En septiembre de 2021, el empresario Mauricio Schwartzman fue acribillado frente a su domicilio en el barrio Jara de Asunción, en un atentado vinculado al narcotráfico y al pasaporte adulterado que precipitó la detención de Marset en Dubái. O el rescate armado del narcotraficante Jorge Samudio, alias “Samura”, en septiembre de 2019, durante el cual un comando disfrazado de agentes de la Senad emboscó un convoy policial en la Costanera Norte, asesinando al comisario Félix Ferrari, quien custodiaba el traslado del reo. Estos no son incidentes aislados; son síntomas de un cáncer que se expande, donde la honestidad se paga con plomo. ¿Cómo podemos sentirnos seguros en un país donde los sicarios actúan con total impunidad?
El Congreso Nacional, que con frecuencia se muestra indignado ante estos hechos, tiene en sus manos las herramientas para actuar. Es imperativo que se discuta y apruebe con urgencia una ley de financiamiento político que garantice la transparencia y trazabilidad del dinero que circula en las campañas electorales. El narcotráfico no solo opera en las calles, sino que infecta las instituciones, desde el sistema judicial hasta el político, utilizando su dinero sucio para comprar influencias y perpetuar su poder. Casos como el del senador colorado cartista Erico Galeano, quien enfrenta juicio oral por presunto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del megaoperativo A Ultranza Py —donde se le acusa de facilitar su aeronave y una venta inmobiliaria simulada por un millón de dólares a “Tío Rico” para blanquear fondos del tráfico de cocaína a Europa—, demuestran cómo el crimen organizado se entreteje con la política. Del mismo modo, el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, también en juicio por la misma causa derivada de A Ultranza, está procesado por supuestamente direccionar licitaciones a empresas del empresario Alberto Koube a cambio de un yate de lujo valuado en 500.000 dólares, en un esquema de lavado de activos. Estos protagonistas del Ejecutivo y el Legislativo no son excepciones; son ejemplos de cómo el narco permea hasta las más altas esferas. Una legislación robusta en financiamiento político sería la primera señal clara de voluntad política para combatir esta amenaza. Si queremos un Paraguay que no sea rehén del crimen organizado, debemos empezar por casa.
En este contexto, también surge la necesidad de exigir rendición de cuentas al más alto nivel. El presidente de la República no está exento de esta responsabilidad. Las preguntas sobre el manejo de efectivo en su entorno, como los sobres de Mburuvicha Róga y las facturas a nombres de terceros, que han generado controversia requieren respuestas claras y transparentes. En momentos de crisis, la comunicación abierta es la mejor defensa. Si el presidente actúa con rectitud, como se espera de quien lidera el país, no debería haber temor a rendir cuentas. La transparencia en su entorno debe ser el punto de partida para exigir lo mismo de todas las instituciones.
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El asesinato del teniente coronel Moral es un nefasto mensaje y a la vez un recordatorio doloroso de que el narcotráfico no solo mata con balas, sino que corrompe con dinero. La lucha contra este flagelo exige un compromiso colectivo, desde el ciudadano común hasta las más altas esferas del poder. La aprobación de una ley de financiamiento político, la rendición de cuentas transparente y una acción decidida contra el crimen organizado son pasos cruciales para recuperar la seguridad y la confianza en nuestro país. En Paraguay, la honestidad no debería pagarse con plomo.
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