En conversación con ABC Cardinal este martes, Camilo Benítez, titular de la Contraloría General de la República, reiteró su postura a favor de que se auditen las cuentas nacionales de las empresas binacionales Itaipú y Yacyretá, y explicó los obstáculos legales que se interponen ante ese objetivo.
La transparencia en los gastos de las binacionales, particularmente de Itaipú - administrada en conjunto por Brasil y Paraguay – han cobrado especial relevancia en las últimas semanas ante la cuestionada compra de pupitres chinos para el Ministerio de Educación de una empresa cuyo propietario tiene vínculos con el vicepresidente Pedro Alliana, a precios aparentemente excesivos; y por la inminente compra de equipos para escuchas telefónicas destinados a la Secretaría Nacional Antidrogas, un contrato al cual aspiran dos empresas vinculadas al presidente Santiago Peña.
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Parte del debate se centra de nuevo en el hecho de que actualmente la Contraloría General de la República no tiene permitido auditar a las binacionales y fiscalizar sus gastos, y el contralor Benítez señaló que la postura institucional de la Contraloría y su postura personal siguen siendo que ese control debería ser posible.
“Tenemos una larga trayectoria institucional, siempre la Contraloría ha intentado auditar a las binacionales y fiscalizar sus gastos socioambientales”, dijo. “El control externo es absolutamente necesario para dar esa sensación a la ciudadanía de que las cosas se verifican”.
Competencia constitucional
En su opinión, la Contraloría tiene “competencia constitucional” para auditar el dinero de las binacionales debido a que la Constitución establece que la institución puede fiscalizar las cuentas nacionales de empresas multinacionales y “según el Banco Central del Paraguay, los ingresos de las binacionales se configuran en cuentas nacionales”.
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Señaló que los intentos de la Contraloría de auditar a las binacionales han sido recurridos por los directivos de esas entidades y suspendidos por medidas del Poder Judicial, hasta que en época de pandemia el Congreso Nacional sancionó una ley que otorga a la Contraloría la capacidad de fiscalizar sus gastos realizados en territorio paraguayo.
Sin embargo, las binacionales accionaron contra esa ley ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado concretamente en las objeciones de Itaipú.
“Dudas razonables”
El contralor admitió que el argumento presentado por Itaipú contra la ley presenta “dudas razonables”, ya que su planteamiento es que el Tratado de Itaipú no contempla un control externo y que la binacional tiene “contabilidad única”, que no está separada entre los dos países que la administran, por lo que en la práctica una auditoría a los gastos de una de las partes – la paraguaya o la brasileña - sería automáticamente una auditoría a la otra, lo que podría suponer una violación de soberanía nacional.
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Benítez señaló que, bajo ese argumento, el Tribunal Supremo de Brasil determinó que el Tribunal de Cuentas de la Unión, el órgano contralor del país vecino, no puede auditar a Itaipú.
Agregó que la única forma de “zanjar” la duda es que la Corte Suprema paraguaya se expida sobre la competencia de la Contraloría, e insistió en que “mi criterio es que la Constitución Nacional está por encima del Tratado de Itaipú”.
“Itaipulandia”
El contralor calificó de “impensable” que la Contraloría “se vea restringida en revisar los ingresos que tiene una empresa binacional” e ironizó diciendo que equivaldría a afirmar que Itaipú existe en “Itaipulandia”, un país separado de Paraguay.
Admitió, sin embargo, que mientras ese pronunciamiento de la Corte no llegue, hay poco más que la Contraloría pueda hacer.
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“Mientras la Corte no decida que la Constitución está por encima del Tratado, no podemos ir más allá, nosotros no tenemos autoridad para hacer interpretaciones constitucionales de alto nivel”, subrayó.
Informes “emblemáticos”
Agregó que la Contraloría ha emitido informes “muy emblemáticos” referentes a las finanzas de Itaipú, como el de julio de 2021 que afirma que se violó el Tratado al aplicarse a la energía producida por la binacional tarifas por debajo del costo de servicio entre 1985 y 1997 que resultaron en una deuda espuria de más de 4.000 millones de dólares en perjuicio de Paraguay.
“Si alguna vez (esos informes) se toman para defender los intereses nacionales, va a ser un cambio paradigmático para la historia del país”, afirmó.